Estaciones de Servicio alertan por el peso de los tributos locales en la competitividad

Desde hace más de una década, expendedores, cámaras empresarias y especialistas tributarios vienen advirtiendo sobre el avance de la polémica Tasa Vial, que en diferentes municipios genera competencia desleal y sobreimposición de impuestos dejando a los estacioneros en una posición incómoda frente a sus propias finanzas y contra sus clientes.

A lo largo de los años, surtidores.com.ar viene documentando cómo esta imposición de las intendencias, afecta la rentabilidad de las bocas de expendio, generando distorsiones que terminan trasladándose al bolsillo del consumidor sin una contraprestación concreta que lo justifique.

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Un análisis entre asesores tributarios de la actividad, concluyó que las Estaciones de Servicio se ven obligadas a competir en un escenario cada vez más desigual, donde la variabilidad de las cargas comunales incide de forma directa sobre su rentabilidad y dificulta la sostenibilidad de sus negocios.

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En reiteradas oportunidades, se puso en evidencia cómo las estaciones pierden competitividad frente a municipios vecinos que no aplican la tasa, donde los automovilistas prefieren cargar combustible más barato. Incluso, se ha llegado a calcular que el recargo equivale a unos $24 por litro, es decir, cerca de un 4,5  por ciento adicional que erosiona la sustentabilidad del rubro.

La controversia tiene antecedentes judiciales: en diciembre de 2024, el Ministerio de Economía demandó al municipio de Lomas de Zamora ante la Corte Suprema para que declare la inconstitucionalidad de la Tasa Vial. La Procuración General ya avaló la competencia del máximo tribunal, aunque todavía no hay un fallo que siente jurisprudencia definitiva. En paralelo, juzgados provinciales como el de Trenque Lauquen ordenaron suspender el cobro en casos puntuales, como el de Pehuajó, al entender que se trata de una doble imposición.

El problema central radica en que los combustibles ya tributan a nivel nacional a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, lo que vuelve redundante el gravamen municipal. Para los operadores, se trata de una carga ilegal que los obliga a ser agentes de recaudación de un tributo ajeno a su actividad. Además, la normativa exige que las estaciones informen visiblemente al cliente la existencia de la tasa mediante stickers en los surtidores, lo que genera confusión y deteriora la relación con los usuarios.

En diálogo con surtidores.com.ar, el abogado Edgardo Ponsetti, especialista en Derecho Tributario y Penal y socio del área de Legales de BDO Argentina, fue categórico: “Estamos frente a un impuesto ilegítimo cuya existencia misma pone en jaque el principio de legalidad tributaria. Las municipalidades no pueden actuar como microfiscales cobrando una tasa que no está prevista constitucionalmente”.

El letrado explicó que una tasa solo puede exigirse si existe una contraprestación directa de un servicio concreto, algo que aquí no ocurre. “Es un impuesto disfrazado de tasa, que las estaciones terminan recaudando sin recibir nada a cambio. El sector queda atrapado en una encrucijada administrativa y financiera que le resta competitividad”, advirtió el analista.

El perjuicio es doble: por un lado, las estaciones ven reducido su caudal de ventas porque los clientes optan por cargar en municipios donde no se aplica la tasa; por el otro, deben enfrentar la carga administrativa y la incomodidad de explicar un sobreprecio que los usuarios tienden a responsabilizarles, pese a no ser decisión de la empresa.

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En la Patagonia, la situación adquiere ribetes aún más graves, ya que la Tasa Vial atenta contra beneficios impositivos históricos que abaratan el precio del combustible en la región. Según cálculos privados, la recaudación mensual por este concepto alcanzaría los $280 millones adicionales, un monto que se traduce en pérdida de poder adquisitivo para los consumidores y un freno para la actividad comercial.

Ponsetti remarcó que las estaciones afectadas pueden iniciar reclamos administrativos ante los municipios o bien acudir a la Justicia federal mediante acciones declarativas de certeza. Sin embargo, reconoció que los procesos suelen ser largos y que muchas veces la justicia provincial rechaza medidas cautelares, lo que obliga a seguir pagando mientras se espera una resolución.

“Si no se pone un límite a este abuso, muchas Estaciones de Servicio terminarán desapareciendo. La Tasa Vial no solo es inconstitucional: es una amenaza directa a la sustentabilidad de todo el sector”, concluyó el entrevistado.