Un grupo importante de expendedoras de GNC que entraron en mora con las proveedoras del fluido o que están al borde de dejar de asumir los costos de las facturas del servicio, comunicaron a surtidores.com.ar que elevarán un recurso al juzgado civil y comercial correspondiente, para no pagar el valor fijo por el tiempo que dure la pandemia.

Vale destacar que este problema comenzó cuando las ventas cayeron estrepitosamente a causa de la falta de vehículos en las calles, lo que puso a las operadoras en la necesidad de utilizar capital de trabajo para asumir los cargos fijos de la denominada “capacidad de reserva”, que en esta crisis sanitaria a muchas se les transformó en imposible de solucionar.

“En el marco de crisis generalizada y la consecuente caída de ventas y depreciación del mercado del GNC, consideramos una incoherencia y/o arbitrariedad el cobro de capacidad de reserva y es por ello que queremos proponer su análisis inmediato a los fines de su morigeración transitoria o pago acotado a la capacidad efectivamente utilizada, sin que ello implique su renuncia, por lo menos, mientras persista la cuarentena”, dijeron a este medio representantes de la Cámara Expendedores de Combustibles del Interior de la Provincia de Córdoba.

Sus directivos señalaron que este mismo argumento intentaron exponer durante varias oportunidades en las reuniones que los estacioneros tuvieron en las mesas de trabajo con el ENARGAS, pero que hasta el momento, no se pudo encontrar una salida.

Es por ello, que la C.E.C.I.P.Co será la impulsora de un recurso de amparo que brinde la tranquilidad a aquellos operadores que no puedan pagar el servicio de gas, una protección en caso de posibles cortes de suministro.

Al respecto, su titular, Marisa Centenaro advirtió que “resulta contradictorio que las autoridades estatales no reconozcan lo que el mismo Decreto 322 y sus modificatorias dejan explícitamente claro, respecto de la prohibición de que las distribuidoras avancen en dejarnos sin producto por no poder pagar el costo fijo durante esta pandemia”.

Agregó que con la excusa de un supuesto vacío legal en la aplicación de los decretos, las compañías proveedoras defienden su posición argumentando que las Estaciones de Servicio no pueden verse amparadas por el decreto referido y sólo les ofrecen cancelar el 50 por ciento de la factura al suscribir el convenio, el 25 por ciento a los 15 días y el último 25 por ciento a los 30 días con más un interés no superior a 1 ½ la tasa nominal anual del Banco Nación Argentina.

“Sabemos que la decisión del Poder Ejecutivo es clara y que nuestro sector como MIPYME certificadas, entramos en las condiciones del mismo Artículo 3 que nos protege de posibles cortes, pero lamentablemente debemos acudir a la justicia para que el mismo Estado termine de aceptar la decisión que tomó el Presidente”, recalcó Centenaro.

Lamentó finalmente que los estacioneros y estacioneras deban tener que desgastar las pocas fuerzas que les quedan tras esta debacle económica, en recorridas por tribunales y trabajo con los abogados, en lugar de dedicar el tiempo a mejorar la relación con los clientes y la comunidad toda.