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FECRA advirtió que su instalación en la ciudad balnearia de Pinamar no se ajustaría al espíritu de la normativa vigente. Señalan riesgo de competencia desleal y preocupación por el impacto en ocho bocas fijas que emplean a unas 400 personas durante todo el año.
La Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina expresó formalmente su preocupación ante la Municipalidad de Pinamar por la reciente inauguración de una Estación de Servicio móvil de bandera YPF, ubicada sobre la avenida Libertador, entre Selene y Poseidón.
A través de una nota firmada por su presidente, Hernán Landgrebe, la entidad planteó que la habilitación de este tipo de instalaciones en una localidad que cuenta con una red consolidada de estaciones fijas no se correspondería con el marco normativo que regula su funcionamiento.

Según expone la federación, la Resolución 504/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación establece en sus considerandos que las estaciones móviles tienen como objetivo garantizar el abastecimiento en zonas que carecen de bocas de expendio fijas dentro de un radio considerable. La finalidad, sostienen, es atender localidades aisladas o con dificultades estructurales de suministro permanente, donde el acceso al combustible resulta complejo.
Desde FECRA remarcan que esa situación no se verifica en el partido de Pinamar. Por el contrario, indican que la ciudad cuenta con numerosas Estaciones de Servicio tradicionales que operan durante todo el año y que han realizado inversiones significativas para asegurar presencia permanente, infraestructura adecuada y abastecimiento continuo, tanto en temporada alta como en los meses de menor actividad.
La entidad subraya que en Pinamar funcionan ocho estaciones fijas que emplean en conjunto a cerca de 400 personas, entre trabajadores permanentes y transitorios. Además del impacto directo en el empleo, destacan que estas empresas —en su mayoría pequeñas y medianas— afrontan regularmente el pago de tasas e impuestos municipales, provinciales y nacionales.
En particular, mencionan que las estaciones abonan conceptos como tasa vial, seguridad e higiene, seguridad y salud, además de otros tributos locales. A ello se suma la contratación de proveedores, contratistas y servicios vinculados que movilizan mano de obra y recursos en la economía local durante todo el año.
Desde FECRA señalan que este tipo de dispositivos transitorios puede absorber volumen incremental de ventas que, a su entender, podría ser atendido por la red ya instalada. En ese escenario, argumentan, se generaría un esquema de competencia desigual frente a empresas que sostienen costos estructurales permanentes, inversiones de largo plazo y obligaciones fiscales continuas.
La preocupación también se vincula con el precedente que podría sentarse para otros distritos turísticos con alta estacionalidad. En plazas donde la demanda se incrementa significativamente durante el verano, las estaciones tradicionales realizan inversiones para dimensionar su capacidad operativa, reforzar personal y asegurar stock, asumiendo el riesgo de variaciones en la actividad el resto del año.
FECRA sostiene que la habilitación de instalaciones móviles en localidades con oferta consolidada podría afectar el equilibrio económico de esas empresas y, en consecuencia, el empleo y la recaudación tributaria local.

En su presentación ante el intendente Juan Manuel Ibarguren, la federación solicita que se revise la autorización otorgada a la estación móvil y que se evalúe el impacto sobre las PyMEs del sector, sus trabajadores y la cadena de proveedores vinculada a la actividad.
El planteo no cuestiona la herramienta en sí, sino su aplicación en determinados contextos urbanos. Desde la entidad entienden que las estaciones móviles cumplen un rol específico cuando se trata de garantizar el abastecimiento en zonas remotas o con déficit estructural de oferta, pero consideran que su instalación en distritos con cobertura plena puede desvirtuar el espíritu de la normativa nacional.
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