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La Federación de Entidades de Combustibles se desmarcó de otras cámaras que avalan la apertura al autodespacho, ratificó que en la provincia de Buenos Aires rige una ley que lo prohíbe y planteó que cualquier cambio debe darse con debate legislativo, resguardando la seguridad operativa, el empleo y la sustentabilidad de las Estaciones de Servicio.
Mientras el autoservicio de combustibles gana cada vez más espacio en el sector, la Federación de Entidades de Combustibles tomó distancia de otras agrupaciones que ven con buenos ojos la apertura del sistema.
En diálogo con Surtidores, su presidente, Juan Carlos Basílico, aclaró que la posición de la entidad no apunta a confrontar con las petroleras, sino a fijar una postura institucional basada en el marco legal bonaerense y en la realidad operativa de las estaciones.

“Entendemos que hay distintas miradas dentro del sector. Algunas entidades consideran que el autoservicio puede formar parte de una modernización del expendio. Desde la FEC creemos que, al menos en la provincia de Buenos Aires, la discusión debe darse con prudencia y dentro de lo que marca la ley”, señaló.
El dirigente recordó que en territorio bonaerense continúa vigente la Ley 13.623, que prohíbe que los surtidores sean operados por los propios consumidores. “Mientras esa norma esté en vigencia, nuestro deber como representantes es sostener su cumplimiento”, afirmó.
Explicó además que la postura no implica un rechazo a la innovación, sino cautela frente a un cambio que puede tener implicancias en materia de seguridad y empleo. “La carga de combustibles requiere capacitación y protocolos claros. Nuestra experiencia indica que la presencia de personal entrenado reduce riesgos y mejora la atención al usuario”, sostuvo.
En ese marco, reconoció que el contexto nacional impulsa nuevas modalidades comerciales, pero insistió en que cada jurisdicción tiene particularidades. “No es lo mismo una gran ciudad con alta rotación y automatización que una estación PyME del interior bonaerense, donde el servicio personalizado es parte del valor agregado”, describió.

Finalmente, señaló que cualquier modificación estructural debería contemplar una transición ordenada y consensuada. “Si en algún momento se decide revisar el esquema actual, tendrá que hacerse con debate legislativo y con la participación de todos los actores. Mientras tanto, nuestra responsabilidad es defender el cumplimiento de la normativa vigente y el equilibrio del sistema”, concluyó.
En ese mismo sentido, Basílico levantó las alarmas por las estaciones móviles, que según su testimonio vienen siendo un tema de preocupación para los asociados de la institución, quienes ven que a pocos metros de sus establecimientos se puedan instalar estos módulos fomentando la “competencia desleal”.
Estimados
Aunque se permita en Bs As. Lleva consigo otro tipo de auditoria para complementar con las exigencias, como entre otras clasificación de áreas, etc. Todas tienen un costo adicional , que se debe solventar. Habría que ver la relación costo-beneficio
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