Especialista en derecho energético desconfía de la nacionalización de la política petrolera

El experto en derecho energético, Luis Navas, mostró su visión acerca de la nueva normativa que sancionó el Gobierno Nacional para regular los distintos eslabones de la cadena que intervienen en la producción de combustibles,  conocida como Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.

“Está previsto en el Decreto controlar los precios. Eso sí “que sean razonables”, expresó irónicamente. Para el asesor legal el valor de los combustibles dependerá de la voluntad de los funcionarios asignados para tal fin por Axel Kicillof, a quién acusó de no tener experiencia en el sector y asumir facultades incluso superiores a las del Ministro de Planificación, Julio De Vido y al Secretario de Energía, Daniel Cameron. Según establece el artículo 3 la Comisión presidida por el viceministro de Economía se encargará de asegurar el abastecimiento de combustibles a precios razonables, compatibles con el sostenimiento de la competitividad de la economía local, la rentabilidad de todas las ramas de la producción y los derechos de usuarios y consumidores.

Navas criticó que para la elaboración de la normativa no se consultó a las cámaras empresarias que representan a las estaciones de servicio, a pesar de que conforman el último eslabón en la cadena de valor y están en contacto directo con el consumidor, a quién el Decreto pretende resguardar.

Por otra parte, frente a la necesidad de YPF de encontrar socios para desarrollar las inversiones advirtió que “los capitales de las grandes corporaciones apuestan cuando las reglas de juego son claras y tienen asegurado el giro de parte de sus utilidades. En las actuales circunstancias nada de esto es visible, razón por la cual cada vez será más difícil atraer grandes inversores como los que Argentina necesita hoy”.

Desde un punto de vista legal también objetó parte de su redacción. “Analizando su texto surgen artículos que podrían ser declarados inconstitucionales, como el artículo 2, que elimina la libre disponibilidad de los hidrocarburos en áreas concesionadas; descarta los mecanismos de mercado para la fijación de precios; descarta la libre importación y exportación de hidrocarburos y le pone fin a la libertad de precios”, precisó.