Energía avanza en la reglamentación de una Ley que solidariza responsablemente a las petroleras con los expendedores

Especialistas y letrados de la Secretaría de Energía trabajan en la reglamentación de un conjunto de normas técnicas tal como establece el artículo 5º de la Ley Nº 26.022 relativo a un nuevo régimen de sanciones para el sector combustibles líquidos y gaseosos. Según informaron a Surtidores la ordenanza cobrará vigencia a partir de una Resolución que deberá ser publicada en el Boletín Oficial, la cual confían dará a luz durante este año. 

El articulado dispone un conjunto de medidas relacionadas con la seguridad medioambiental, la calidad y la comercialización de combustibles y la responsabilidad solidaria de la petrolera con una estación abanderada. 

En este sentido establece para los titulares de las bocas de expendio que tengan la marca de una compañía con la que se identifican y venden los combustibles, que la petrolera será solidariamente responsable con ellos. En el caso de las estaciones de servicio que forman parte de una cadena de comercialización y se encuentren vinculadas con un contrato de consignación (por cuenta y orden), la compañía será responsable exclusiva en caso de un accidente. En tanto, será garante el operador en el caso de los surtidores que operen sin marca pudiéndose imputar solidariamente también a los proveedores de combustibles. Pero deja claro que en el caso de existir una marca identificatoria, la responsabilidad será siempre solidaria entre el estacionero y el titular de la red.

Asimismo la disposición faculta a la Subsecretaría de Combustibles a monitorear la cadena de suministro minorista de todo el país, con el fin de propender a asegurar la presencia de como mínimo una boca de expendio de combustibles, ubicada a una distancia menor a 25 Km de cada localidad del territorio que cuente con una población mayor a 2000 habitantes.  

Finalmente, el organismo tipificó un severo nomenclador de sanciones para el caso de contaminación, derrames, falta de inscripción, o comprobación de adulteración de combustibles que parten desde un valor monetario hasta la clausura definitiva del establecimiento además de fuertes penalidades para el titular de la boca de expendio y la petrolera que lo abastece