Empresarios nucleados en la Cámara de Expendedores de Combustibles de La Pampa y delegados del SOESGyPE se mantienen a la espera de soluciones urgentes por parte del Gobierno provincial y del Ministerio Público Fiscal para garantizar la seguridad en sus lugares de trabajo, ante una ola de violencia, que viene repitiéndose desde mediados de año.

Las autoridades de la entidad advirtieron a surtidores.com.ar que estos siniestros perpetrados contra Estaciones de Servicio en la Ciudad de Santa Rosa, alcanzaron niveles alarmantes, a pesar del compromiso asumido por las autoridades provinciales para enfrentar este problema.

El pasado 12 de septiembre, la CECLA había mantenido una reunión clave con fiscales locales, en la que se acordó implementar un trabajo conjunto para prevenir delitos y contravenciones. Sin embargo, la preocupación persiste debido a la insuficiencia de las medidas hasta ahora planteadas.

Alerta por episodios de violencia en Estaciones de Servicio

Además los expendedores expusieron al secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontáa, y la subsecretaria de Relaciones Laborales, Ana Rodríguez, su inquietud ante este fenómeno que involucra amenazas y ataques, incluso por parte de menores, todos vinculados a la comunidad gitana local.

“Necesitamos darle un cierre a esta situación para que tanto los empleados como los clientes puedan estar tranquilos”, reclamaron desde CECLA. Sin embargo, las soluciones propuestas por las autoridades se limitaron a sugerir inversiones en seguridad privada, una opción inviable para los estacioneros en un contexto de crisis económica y escasa rentabilidad.

Por esas cuestiones, los asesores y directivos de CECLA y el gremio están reclamando  una reunión urgente con el gobernador Sergio Ziliotto para abordar de manera integral la problemática.

“Los empleados están asustados y no quieren trabajar bajo estas condiciones“, afirmaron desde la representación empresaria. En este sentido, destacaron que la prioridad es visibilizar la inseguridad ante la sociedad y los representantes del Estado, reclamando un apoyo que contemple las limitaciones económicas actuales.

“Observamos la mejor buena voluntad”, coincidieron los estacioneros y sindicalistas, aunque reconocieron que aún faltan acciones concretas y recordaron que están gestionando pedidos ante jueces de familia para tratar la participación de menores en los hechos delictivos.