Empleados de Estaciones de Servicio realizarán un paro de 24 horas en rechazo a la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo avanzó con la convocatoria a un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La medida se llevaría a cabo el mismo día de la discusión del proyecto del Gobierno en la Cámara de Diputados y será sin movilización.

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages confirmaron el acompañamiento a la huelga, argumentando que la decisión responde a la preocupación que genera el contenido del proyecto oficial. Carlos Acuña (h), secretario general adjunto del gremio, sostuvo que la iniciativa introduce cambios que alteran el equilibrio actual del mercado laboral.

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“La reforma laboral introduce una lógica de flexibilización que impacta de lleno en el empleo formal. En nuestro rubro eso se traduce en menos previsibilidad, más presión sobre el trabajador y un debilitamiento de reglas que hoy ordenan la actividad”, afirmó el dirigente en diálogo con Surtidores.

En ese sentido, remarcó que el sistema vigente se apoya en convenios colectivos que regulan cada uno de esos aspectos sensibles. “El esquema laboral de las Estaciones de Servicio está regido en convenios colectivos que regulan turnos rotativos, jornadas nocturnas y trabajo en fines de semana. Cuando se habla livianamente de flexibilizar, en la práctica se pone en discusión el salario, los descansos y la estabilidad del personal”, advirtió.

Acuña amplió además el detalle de los puntos que generan mayor inquietud dentro del sector. En primer lugar, cuestionó lo que denominó “el ataque al artículo 14 bis de la Constitución, restringido el derecho a huelga”. A ello le sumó el nuevo esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales. “Estamos hablando de un retroceso muy grande y de un castigo al trabajador que le toque padecer una enfermedad o que tenga un accidente y no le permita asistir al trabajo. No se puede penalizar a quien está atravesando una situación de salud”, afirmó.

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También puso el foco en la implementación del denominado “banco de horas”, que habilitaría una distribución distinta de la jornada. Según explicó, ese mecanismo podría derivar en una extensión de la permanencia en el lugar de trabajo. “La distorsión del horario con el banco de horas puede hacer que un trabajador tenga la obligación de estar hasta 12 horas en su puesto. En estaciones de servicio, donde ya existen turnos exigentes y tareas de riesgo, eso afectaría a todos y cada uno de nuestros compañeros”, alertó.

Otro de los ejes críticos señalados por el dirigente es el financiamiento del despido sin causa. “Se plantea un esquema que, en los hechos, facilita el despido en 12 cuotas y con recursos que provendrían del sistema previsional. Estamos hablando de fondos de los jubilados de la ANSES y de los futuros jubilados, que son nuestros compañeros y compañeras. Eso es inaceptable”, cuestionó.

Para el sindicato, estos puntos evidencian que el proyecto no solo impacta sobre derechos colectivos, sino también sobre garantías individuales. “Decían que la ley no venía a tocar derechos adquiridos y claramente los están tocando. Se avanzan sobre las indemnizaciones, sobre las licencias y sobre los convenios colectivos de trabajo”, señaló Acuña.

En ese marco, el dirigente subrayó que el gremio tiene la responsabilidad de acompañar la medida de fuerza y concientizar al personal. “Tenemos la obligación de explicarles a los trabajadores qué está en juego. No es una discusión abstracta: son derechos concretos que quieren arrebatarnos”, enfatizó.

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El paro nacional, que coincidiría con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, podría traducirse en cierres parciales o reducción de turnos en distintos puntos del país, dependiendo del nivel de adhesión. En antecedentes similares, el sector implementó guardias mínimas para garantizar el abastecimiento de combustibles, pero el alcance final dependerá de las definiciones que adopten las seccionales en cada jurisdicción.

Acuña también dejó abierta la puerta a una eventual judicialización si el texto final mantiene aspectos que el sindicato considera regresivos. “Si este proyecto, o lo que quede en el dictamen, trae consigo cuestiones que afectan lo individual y lo colectivo, vamos a ir a la Justicia como corresponde. Hay derechos adquiridos de los trabajadores y de las instituciones que los representan, y no vamos a dejarnos arrebatar así nomás”, subrayó.