El sindicato de Estaciones de Servicio advierte al gobierno de incursionar en ilegalidad si no homologa los convenios colectivos

El sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio lanzó un aviso contundente al gobierno, explicando que la negativa de la cartera laboral a convalidar acuerdos paritarios superiores al 2 por ciento a partir de octubre incurre en una “ilegalidad manifiesta“.

Enrique Rodríguez, apoderado legal del gremio, fue claro al explicar a surtidores.com.ar: “Si el Estado no homologa los acuerdos salariales, está cometiendo un acto ilícito“. Según el abogado laboralista, la única justificación válida para que la autoridad competente se niegue a refrendar un convenio colectivo es por un incumplimiento normativo.

El Gobierno homologa antiguos convenios salariales mientras dilata su decisión de aprobar los de este año

Días atrás, se publicaron en el Boletín Oficial diversas resoluciones convalidando los aumentos para el personal de Estaciones de Servicio correspondientes a negociaciones paritarias celebradas en el mes de diciembre.

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Además, expresó quien fuera ministro de Trabajo que “de ninguna manera, el Poder Ejecutivo puede negarse a firmar un acuerdo entre privados solamente por una intención ideológica o manera de pensar como se demuestra que es este caso”.

Esta noticia generó un estado de incertidumbre que afecta a todos los actores involucrados, porque según el análisis de Rodríguez, los trabajadores ven frustradas sus expectativas salariales, los gremios observan cómo se desdibuja su poder de negociación y los empleadores carecen de la seguridad jurídica necesaria para aplicar los acuerdos alcanzados en las paritarias.

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Como sucede con otras actividades, la dependencia estiró los plazos para la aceptación formal de los acuerdos salariales que los sindicatos del sector firmaron con las cámaras respectivas, causando incertidumbre.

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Cabe recordar que la Ley 25877 de Reordenamiento Laboral, sancionada en 2004, establece que los convenios colectivos de actividad entran en vigencia el día de su homologación y que la Secretaría de Trabajo tiene un plazo de 30 días para realizar las observaciones pertinentes. Si en ese plazo no se presenta ningún reclamo, se considera que el acuerdo queda aprobado de manera tácita.

El rechazo a la homologación por motivos ideológicos, según Rodríguez, podría derivar en una escalada de conflictos. “Los sindicatos, decididos a recomponer los sueldos de los trabajadores en un contexto de alta inflación, consideran que el ajuste impuesto por el gobierno es inaceptable y podría llevar a movilizaciones masivas en defensa de sus derechos”, finalizó.