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Desde La Libertad Avanza plantearon llevar al Congreso una iniciativa para defender el derecho de las Estaciones de Servicio a elegir cómo operar. También evalúan recurrir a la Justicia contra la restricción aprobada en Santa Cruz.
La prohibición del “self service” en Santa Cruz y en otros distritos, abrió un frente político que podría trasladarse al Congreso. Desde La Libertad Avanza estudian impulsar una ley que respalde la modalidad autorizada por el Gobierno Nacional y permita discutir el alcance de las limitaciones provinciales. Los parlamentarios que propugnan esta norma dicen tener la convicción sobre la defensa de la posibilidad de incorporar nuevas formas de atención según las necesidades de cada negocio.
Así lo adelantó el diputado nacional por esa provincia, Jairo Guzmán, en diálogo con Surtidores. El legislador defendió que los operadores puedan decidir si incorporan equipos de autoservicio y anticipó que llevará el tema a su bancada. “Vamos a evaluarlo con el bloque para que no suceda en otras provincias”, afirmó.

El planteo contempla dos caminos: una presentación judicial contra la medida santacruceña y una iniciativa legislativa que fortalezca la autorización del Ejecutivo. “Seguramente vamos a judicializarlo o vamos a tratar de llevarlo al recinto para darle fuerza de ley”, sostuvo. Por el momento, no precisó los términos de una eventual demanda ni el contenido del proyecto que buscaría promover.
La discusión tomó impulso después de la sanción de la Ley 4024, que impide a personas ajenas a la dotación de las estaciones manipular los equipos de carga. Aprobada el 10 de septiembre, promulgada el 23 de ese mes y publicada el 13 de octubre, la norma prevé apercibimientos y clausuras temporarias o definitivas ante incumplimientos.
Para el dirigente santacruceño, esa decisión contradice la orientación desreguladora de la administración nacional y reduce las alternativas de inversión. “En vez de mejorar las condiciones para que las empresas puedan trabajar más cómodas, se ponen del lado de los gremios o de las medidas populistas para que la gente crea que la política los defiende”, cuestionó.
El referente libertario reivindicó la posibilidad de adoptar el sistema de manera total o parcial, una opción que calificó como “excelente”. Esa alternativa fue contemplada en el Decreto 46/2025 y permite combinar surtidores atendidos por personal con otros habilitados para la carga por parte del conductor, bajo los requisitos correspondientes.
Su posición apunta a preservar esa capacidad de elección. “¿Cuál puede ser la mejora y cuál es la ventaja que se les va a dar a las empresas que quieran radicarse acá en la provincia, a las empresas de expendio de combustible?”, preguntó. Con ese argumento, vinculó el rechazo a la restricción con las condiciones para atraer nuevos emprendimientos y facilitar el funcionamiento de los que ya están en actividad.

El eventual tratamiento parlamentario deberá resolver, además, cómo se articularía una ley nacional con las atribuciones provinciales. Dar respaldo legislativo al autodespacho no supone que las prohibiciones locales queden automáticamente sin efecto. El alcance de la propuesta y sus fundamentos serán determinantes para discutir esa relación.
El diputado insistió en que buscará impedir que otras jurisdicciones adopten decisiones similares. “El Gobierno provincial y sus diputados deberían entender que hay un decreto nacional que busca la mejora de la situación del sector”, expresó. Y concluyó con el objetivo que llevará a su bancada: “lo que tenemos que evitar es que esto se propague”.
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