El Gobierno vuelve a la carga por el uso de trazadores para detectar combustibles exentos

La Secretaría de Energía se encuentra realizando controles en Estaciones de Servicio de todo el país en el marco del Programa Nacional de Control de Calidad de Combustibles. La inspección incluye la exhibición y tenencia por parte del expendedor, de documentación obligatoria (inscripción en el Registro de Bocas de expendio y auditorías de tanques y seguridad), inventario, características y calidad de los productos.

Los funcionarios constatan además si los operadores poseen el kit trazador de detección de naftas y gasoil exento por destino geográfico, así como el que comprueba la existencia de solventes y otros hidrocarburos en las naftas.

Incluso, en el caso de que el estacionero cuente con los reagentes, se realiza una toma de muestras y se analiza “in situ”, siendo esta una práctica poco frecuente en las visitas que se realizaban con anterioridad en las bocas de expendio.

Como se recuerda, la utilización de estos dispositivos data de una Resolución de la AFIP (1359) del año 2002. En ella se establece que los sujetos comprendidos (entre ellos las Estaciones de Servicio) están obligados a diferenciar los volúmenes de cortes de hidrocarburos, mediante el uso de alguno de marcadores químicos homologados.

Asimismo dispone que deben realizar el ensayo a la totalidad de las compras y  llevar un registro, en donde se asentará cada uno de los análisis efectuados, bajo pena de recibir fuertes sanciones en caso de no cumplir.

Como compensación al gasto que debe efectuar el empresario para adquirir el marcador (USD 198 cada uno), podrá computar a cuenta del IVA hasta $ 3.000 por año calendario y por cada establecimiento en donde exista la obligación de realizar el ensayo, siempre que los reactivos adquiridos hayan sido entregados y las respectivas operaciones se encuentren facturadas y abonadas.

Este punto ha sido cuestionado en distintos ámbitos por los expendedores, ya que el monto a compensar no se modifica desde hace 13 años, siendo que el combustible aumentó 3.000 por ciento durante ese período. El reclamo incluso llegó a la Justicia, aunque su desenlace fue siempre a favor del organismo fiscal.