El Gobierno eliminó una obligación históricamente cuestionada por las Estaciones de Servicio

La publicación en el Boletín Oficial del Decreto 765/2024 dejó finalmente sin efecto una medida largamente objetada por el sector. Se trata de una modificación normativa por la cual el Estado redefine lo que se considera “ejecución pública” de música, films o cualquier tipo de manifestación cultural permanente o temporal, emitida a través de los canales de difusión tradicionales o por internet, como los que se utilizan en las Tiendas de Conveniencia de las Estaciones de Servicio, liberando a los expendedores de la obligación de pagar derechos de autor.

Al respecto, Fabián Tobalo, asesor letrado de la Federación de Entidades de Combustibles (FEC), subrayó la importancia de esta decisión, señalando que representa un alivio significativo para el rubro.

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Por el paulatino regreso de la actividad comercial, las entidades AADICAPIF y SADAIC demandan el 100 por ciento de los conceptos vinculados a difusión musical y televisiva en los establecimientos.

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“Las Estaciones de Servicio son espacios de tránsito temporal para los clientes, no lugares de eventos masivos. Cobrar derechos de autor en estos ámbitos era una carga innecesaria y desproporcionada”, explicó el abogado en diálogo con surtidores.com.ar.

Vale destacar que el decreto establece que “se considerará debidamente remunerada la ejecución pública cuando un establecimiento utilizare una licencia otorgada por los titulares de los derechos, sus derechohabientes, representantes, las sociedades de gestión colectiva o una plataforma autorizada por estos a ofrecer licencias con ese fin“.

Esto implica que si un establecimiento desea utilizar obras protegidas en un contexto que pueda considerarse público, deberá optar por adquirir una licencia específica para ello. “Este enfoque es equilibrado porque ofrece a los estacioneros la flexibilidad de elegir si desean utilizar contenido protegido y pagar la licencia correspondiente, o evitarlo sin incurrir en costos adicionales”, añadió.

A su turno, el presidente de FEC, Juan Carlos Basílico, agregó que esta medida es un paso importante hacia la simplificación de regulaciones y un alivio en la carga financiera de los expendedores de combustibles que ya deben asumir costos que perjudican su rentabilidad.

“La acción gubernamental facilita la operación de nuestros negocios en un entorno regulatorio más justo y equilibrado”, concluyó.