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El proyecto impulsado por el diputado Juan Fernando Brügge busca endurecer las penas a los robos cometidos con motos y vehículos. El sector estacionero, históricamente afectado por estos delitos, ve con expectativa la posibilidad de contar con un marco legal más severo para proteger a trabajadores y clientes.
Desde hace más de una década, los ataques de motochorros y bandas delictivas que actúan a bordo de autos y camionetas representan un verdadero flagelo para las Estaciones de Servicio de todo el país. Estos establecimientos —por su actividad continua, la presencia de efectivo y su exposición en la vía pública— se han convertido en blanco recurrente de este tipo de delitos, que suelen ser violentos y dejan secuelas tanto en los trabajadores como en los clientes.
Los antecedentes abundan. En 2021, una Estación de Servicio de Bernal fue escenario de un asalto masivo perpetrado por más de 50 motochorros, que en cuestión de minutos sembraron el terror entre clientes y empleados. Informes del sector difundidos en años recientes señalan que los robos con motos y autos han ido en aumento, en especial en horarios nocturnos y en estaciones ubicadas en zonas suburbanas o rutas.
Ya en 2017, un reporte del sector advertía que las estaciones eran “blanco frecuente de hechos delictivos”, situación que con el paso de los años no solo no se revirtió, sino que se agravó. Según un relevamiento publicado por este medio en 2024, los robos al sector aumentaron un 25 por ciento en áreas urbanas y rutas, con motocicletas y automóviles como los vehículos más utilizados por los delincuentes para perpetrar los ataques y huir rápidamente.
En este contexto, el proyecto de ley presentado recientemente por el diputado nacional Juan Fernando Brügge despertó expectativas entre los referentes de la actividad, que vienen acumulando experiencias negativas a lo largo de los años. La iniciativa propone modificar el artículo 166 del Código Penal para establecer penas de hasta 15 años de prisión para los robos cometidos mediante el uso de motos y vehículos.
“El uso de motocicletas y automóviles pone en un verdadero estado de indefensión a las víctimas”, explicó el legislador cordobés en declaraciones a surtidores.com.ar. Además, el proyecto contempla un agravante adicional cuando los delincuentes empleen inhibidores de señal o dispositivos electrónicos para vulnerar los sistemas de seguridad.
La iniciativa representa una oportunidad para que la Justicia cuente con herramientas más eficaces en la lucha contra un tipo de delito que afecta de manera directa a las Estaciones de Servicio, cuyos empleados y clientes quedan expuestos por la naturaleza misma de la actividad. “Somos conscientes de que es un problema crítico que lleva mucho tiempo en la agenda de los expendedores, por lo cual se hace urgente contar con un marco legal que actúe como freno y que proteja a quienes trabajan en las estaciones y a quienes concurren a ellas”, expresó el integrante del Bloque Encuentro Federal.
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