Esta tarde, la Cámara de diputados bonaerense, tratará en el recinto un proyecto de ley de autoría del Diputado Facundo Tignanelli, que obliga a todos los organismos del Estado provincial y entes autárquicos a consumir únicamente combustibles y lubricantes de YPF.

Los autores de la norma, aseguraron a surtidores.com.ar que la iniciativa se enmarca en canalizar el poder de compra del Estado en beneficio de la economía de los recursos y una apuesta al crecimiento de un sector estratégico para el crecimiento que el país necesita.

Vale destacar que es una ley de carácter provincial que en primer término apunta solamente al territorio bonaerense, pero que puede sentar un precedente a nivel nacional.

Además, los legisladores destacaron que las expendedoras de bandera, tendrán una reactivación significativa y será un paso importante para la recuperación de las alicaídas ventas, con consecuencias positivas para los establecimientos.

Aseveraron también que con la recuperación por parte del Estado nacional del 51 por ciento de las acciones de la compañía, se avanzó en la soberanía energética y con eje en el autoabastecimiento, la ley buscada será una inyección de fondos para los efectos de la pandemia en la matriz hidrocarburífera.

Sin embargo, los integrantes del bloque Cambiemos, dijeron a este medio que se opondrán a la aprobación de este proyecto, porque consideran que en la actual legislación se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del capital social de la compañía YPF S.A., pero de este porcentaje, la mitad pasó a ser propiedad del Estado Nacional y el otro 50 por ciento es de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, de la cual la provincia de Buenos Aires no es parte. “Es decir, la provincia de Buenos Aires no es propietaria de YPF”, dice el dictamen de minoría.

Afirmaron que según la propuesta del oficialismo, se dejaría de lado el principio por el que se privilegian los intereses del Estado al contratar la mejor calidad al menor precio posible, violando los procesos de contratación.

“Es por ello que no se encuentra fundamento alguno que dé lugar a desplazar los procedimientos ordinarios de compras públicas y que justifique establecer una obligación de contratar para la adquisición de lubricantes y combustibles a un sujeto en particular, removiendo toda competencia. Se entiende que esto afecta los intereses propios del Estado provincial de maximizar sus recursos y de disponerlos en un procedimiento reglado, transparente y abierto a la competencia de las ofertas”, advirtieron.

A pesar de ello, los impulsores de la iniciativa confían en que pueda ser aprobada rápidamente para pasar al Senado ya que dicen estar convencidos que será una herramienta que abrirá el camino para mejorar los números de la empresa.