Diputados denuncian que el Gobierno pisa el precio del biodiesel para “ahorrar” apenas $5 en el surtidor

La situación del biodiésel en Argentina ingresó en zona crítica. Así lo alerta un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados por el legislador Roberto Mirabella, que reclama al Poder Ejecutivo Nacional que publique de manera urgente el precio correspondiente al mes de octubre de 2025, tal como lo exige el artículo 14 de la Ley 27.640. La medida apunta directamente a la Secretaría de Energía, a la que se acusa de ignorar sistemáticamente la normativa vigente y fijar de manera discrecional precios que no cubren los costos de producción.

En su iniciativa, Mirabella denuncia que el Estado lleva dieciséis meses sin aplicar la fórmula de cálculo oficial establecida por la Resolución 963/2023. Esa metodología define un precio que permita cubrir costos básicos y garantizar una rentabilidad mínima al sector, como ocurre en otros segmentos regulados del entramado energético. Sin embargo, las autoridades no la han respetado.

El Gobierno actualizó los precios del biodiesel y el bioetanol tras los reclamos del sector

Dispuso una actualización de los valores con subas de entre 4 por ciento y 5 por ciento, en respuesta a los pedidos del sector para corregir desfasajes y evitar distorsiones con los combustibles.

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Las consecuencias, según plantea el proyecto, son “alarmantes y de gravedad productiva y social”. Las empresas elaboradoras de biodiésel —casi todas radicadas en el interior productivo— se encuentran hoy operando con rentabilidad negativa y capacidad ociosa total. Varias suspendieron operaciones y otras evalúan cierres definitivos.

El texto legislativo destaca dos datos claves:

Por un lado, el perjuicio económico acumulado para el sector alcanza los USD 53 millones como resultado directo del desfasaje de precios impuesto por el Estado. Ese sacrificio financiero, se advierte, no significa ningún beneficio real para los consumidores: apenas implicó un “ahorro” de $5,30 por litro en el surtidor del gasoil.

“¿Cuál es la lógica económica —se pregunta Mirabella en los fundamentos— de destruir una industria nacional estratégica a cambio de un impacto tan marginal para el bolsillo del ciudadano?”.

Por otro lado, expone una situación que califica de “absurda”: en octubre de 2025, el precio del aceite de soja —insumo que representa más del 80 por ciento del costo del biodiésel— fue de $1.563.100 por tonelada, mientras que la Secretaría de Energía fijó el valor del biodiésel en $1.508.754 por tonelada. Es decir, el precio del producto final quedó por debajo del costo de su principal materia prima.

Ese desajuste económico empujó a la paralización total de las plantas, generando riesgo para más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos y afectando de lleno al entramado productivo de las economías regionales.

Mirabella subraya que esta situación no es producto de la dinámica de mercado ni de cambios internacionales en los precios de los commodities. Se trata, insiste, de una “decisión administrativa” que viola la ley vigente y vulnera principios constitucionales. “El Estado debe dar previsibilidad y cumplir sus propias normas. No hay desarrollo productivo posible cuando las reglas se aplican de manera discrecional”, remarca.

Productores de Biocombustibles publicarán mensualmente la incidencia de su precio en el surtidor

Con una campaña visual, buscan demostrar que el impacto del biodiesel y bioetanol en el valor final de los combustibles es mínimo.

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El diputado también pone el foco en el impacto ambiental y estratégico del biocombustible. Según sostiene, el biodiésel no solo agrega valor a la cadena de la soja y sustituye importaciones de gasoil, sino que además es una herramienta clave en la transición energética y la reducción de emisiones, en línea con los compromisos climáticos asumidos por el país. “No se entiende cómo, en un contexto mundial que prioriza la energía limpia, la Argentina deteriora deliberadamente un sector que genera empleo, exporta valor agregado y mejora la competitividad logística”, cuestiona.

“La continuidad de este escenario implica la destrucción de capital productivo, la pérdida de empleo y la vulneración de derechos fundamentales de los productores. Es urgente restituir la seguridad jurídica y evitar que Argentina siga perdiendo sectores estratégicos”, concluye Mirabella.