En los próximos días el Juez Cosentino, que decretó la quiebra de la ex Indalo, liberará a las expendedoras abanderadas que hayan rescindido el contrato por incumplimientos de la petrolera, para que puedan migrar a otras empresas o suscribir un nuevo acuerdo con la actual operadora.

Así lo informó el especialista en Derecho Energético, Luis Navas, quien fue notificado por el Juzgado acerca de la inminente decisión que incluye exclusivamente a los operadores que accionaron contra la compañía que pertenecía a Cristóbal López, quien hoy se encuentra en prisión acusado de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

No obstante, Navas señaló que a este “cepo” impuesto por la justicia se le adicionó otro llevado adelante por el Director Nacional de Refinación y Comercialización, de la Secretaría de Gobierno de Energía, Ignacio Barousse.

“En efecto, durante la medida cautelar jamás se tomó alguna disposición a favor de las estaciones, sino que todo lo contrario. Cada presentación que se realiza ante esa Dirección, demora como mínimo dos meses y siempre con respuestas negativas hacia los expendedores”, lamentó.

El especialista explica que esa Dirección es la responsable de llevar actualizado el Registro de la Resolución SE 1102/2004, y a pesar de los años transcurridos sigue presentando errores groseros, como por ejemplo relevar 1.813 bocas de expendio que comercializan GNC cuando en realidad son 2.020.

“El listado no contempla 207 estaciones.  Son errores que no se pueden permitir en un Registro que precisamente determina la existencia de una boca de expendio legal”, afirma Navas.

Finalmente denunció que “existen muchas estaciones clandestinas en todo el país, que son competencia desleal para todas las registradas legalmente, y la inacción por parte de la Secretaría resulta llamativa”.