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La flexibilidad de los precios dinámicos y la necesidad de información anticipada concentran miradas distintas en el Congreso. Mientras el oficialismo resalta la adaptación del mercado, hay quienes quieren reflotar un proyecto de ley que busca reglas más previsibles.
Desde que el Estado se apartó de las regulaciones, el precio del combustible ya no responde a una lógica estática. La incorporación de esquemas de micropricing, con valores que se ajustan según horarios, demanda o ubicación, marca un cambio profundo en la forma de comercialización. Ese nuevo escenario convive ahora con una iniciativa legislativa de mediados del año pasado que busca establecer pautas de comunicación previa ante cada modificación, en una etapa donde la previsibilidad se vuelve un activo central para el sector.
La propuesta vuelve a escena en un contexto institucional particular: aún no están conformadas ni la Comisión de Energía y Combustibles ni la de Defensa del Consumidor en la Cámara de Diputados, dos ámbitos clave para que el tratamiento avance. Desde la oposición anticipan que, una vez iniciadas las sesiones ordinarias, insistirán con llevar el tema al recinto y abrir una instancia formal de análisis sobre cómo compatibilizar innovación comercial y derechos del consumidor.

En declaraciones a Surtidores, el expresidente de la Comisión de Energía y Combustibles y uno de los autores del proyecto, Pablo Todero, confirmó que retomará la iniciativa apenas se reactive la actividad legislativa. También expresó su descontento por la escasa dinámica que tuvo el área en el último período y planteó reparos sobre el impacto del micropricing cuando no está acompañado por mecanismos claros de información. A su entender, si la herramienta apunta a mejorar márgenes, debe explicitarse cómo se traslada ese esquema al precio final que paga el usuario.
Aclaró que el proyecto no cuestiona la existencia de precios dinámicos ni propone límites a los aumentos. Su eje pasa por la comunicación: aviso con 72 horas de anticipación a estaciones y autoridad de aplicación, y con 48 horas al consumidor, incluyendo porcentajes, momento de vigencia y fundamentos técnicos y económicos. “La idea es ordenar el proceso y facilitar la adaptación de todos los actores a una lógica de precios más flexible”, comentó el diputado patagónico.

Desde el oficialismo, en tanto, se destaca que el micropricing refleja mejor las condiciones del mercado y permite una asignación más eficiente de la oferta. En ese marco, la controversia no gira tanto en torno a la herramienta en sí, sino al modo en que se implementa y se explica. El contraste de posiciones empieza a delinear un escenario donde la clave no es frenar el cambio, sino acompañarlo con reglas previsibles.
Para los dueños de Estaciones de Servicio, el tema atraviesa la gestión cotidiana. Adaptarse a precios variables implica reorganizar la operatoria, capacitar al personal y reforzar la comunicación con los clientes. Para los que defienden este proyecto, contar con información anticipada puede transformarse en una ventaja para ordenar ventas, reducir conflictos en playa y fortalecer la relación con el consumidor.
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