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Miércoles, 28 de octubre 2026
Opinión
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Un informe pone el foco en las consecuencias de liquidar salarios y aportes bajo un convenio que no corresponde. Un fallo de Río Negro refuerza el debate sobre la actividad principal de cada establecimiento.
Pagar los sueldos en tiempo y forma no siempre alcanza para evitar un conflicto laboral. Si el convenio utilizado para calcularlos es cuestionado, una Estación de Servicio puede enfrentar reclamos por diferencias salariales, aportes y contribuciones. Por eso, definir el encuadre del personal tiene un peso concreto en las cuentas del negocio.
El tema fue abordado por Fabián Alejandro Tobalo, asesor legal de la Federación Entidades de Combustibles, en un informe que reúne antecedentes judiciales, administrativos y gremiales. Su planteo sostiene que los trabajadores deben quedar comprendidos en los convenios específicos del sector expendedor y advierte sobre las consecuencias de mantener otro encuadramiento.
Uno de los antecedentes centrales es la causa “Zuain”, iniciada por empleadores de Río Negro para despejar la incertidumbre sobre qué convenio correspondía aplicar en sus establecimientos. La Cámara Primera del Trabajo de General Roca resolvió que debía regir el CCT 456/06, suscripto por SOESGyPE y la Cámara de Expendedores de Combustible de Río Negro y Neuquén. La sentencia fue dictada en abril de 2020 y posteriormente llegó al Superior Tribunal provincial.
Según destaca el informe, ese pronunciamiento quedó firme tras el rechazo de la vía recursiva. Para Tobalo, el resultado respalda la aplicación de los acuerdos propios de la actividad y aporta un antecedente relevante para los empresarios que enfrentan reclamos de encuadramiento.
Una de las claves está en identificar cuál es el negocio principal. El asesor explica que, cuando el establecimiento se dedica fundamentalmente a vender combustibles, la existencia de una gomería o un taller complementario no alcanza para modificar el convenio de toda la dotación.
La cuestión tiene especial interés para las estaciones que reúnen distintos servicios dentro del mismo predio. Desde la perspectiva del informe, esas tareas secundarias deben analizarse dentro del funcionamiento general de la empresa, sin perder de vista la actividad que organiza el negocio.
El documento también invoca el principio de especificidad. Tobalo sostiene que la representación propia de los trabajadores de estaciones debe prevalecer frente a encuadres más amplios. Para fundamentarlo, menciona antecedentes administrativos y un laudo de la Comisión Arbitral de la CGT de 2017 favorable a SOESGyPE.
Otro punto es la homologación de las escalas salariales. El abogado cuestionó la exigibilidad general de acuerdos que, según su análisis, fueron difundidos sin esa aprobación y advierte que utilizarlos puede dejar abierta la puerta a diferencias posteriores.
Los antecedentes oficiales permiten distinguir dos asuntos: aprobar un acuerdo salarial no equivale a resolver qué convenio corresponde a cada establecimiento. La Resolución 1889/2022, por ejemplo, dejó expresamente a salvo las controversias de encuadramiento pendientes.
La Justicia también diferenció el encuadramiento convencional, referido al convenio aplicable, del sindical, vinculado con la representación de los trabajadores. En la causa “Zuain”, el objetivo fue determinar qué acuerdo debía regir las relaciones laborales de los establecimientos involucrados.
Para los expendedores, la discusión obliga a revisar con qué respaldo se calculan haberes y contribuciones. El informe propone hacerlo a partir de los antecedentes de cada caso. El fallo citado constituye una referencia judicial, pero su alcance concreto debe distinguirse de la interpretación más amplia sobre el conjunto de la actividad.
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