Contrapunto por una denuncia contra el Gobierno por sobreprecios en gasoil

El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió que se investigue la posible responsabilidad de la presidenta, Cristina Fernández, su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, y el ministro de Planificación de las ambas gestiones, Julio De Vido, en una contratación al parecer irregular para la compra de 800.000 litros de gasoil para el dragado de una hidrovía.  

En respuesta la cartera a cargo de De Vido emitió un comunicado a causa de la denuncia presentada ante la Justicia, que fue publicada en el matutino La Nación, lo que consideró “una operación mediática“.  

“La publicación de esa nota por parte del diario La Nación no es más que una operación mediática para condicionar el proceder de la justicia, toda vez que la denuncia en cuestión carece de sustento y es poco seria“, dice el texto.  

Señala que “la sola lectura de la carátula del expediente deja en evidencia que de ninguna manera la Presidenta de la Nación, un ex presidente o un ministro pueden resolver la compra de 800 mil litros de gasoil para una draga“.  

Explica que “dicha licitación fue llevada adelante por la AGP, un organismo autárquico en el que el ministerio sólo ejerce el control de la ejecución presupuestaria. La compulsa incluyó la compra, provisión, transporte y acopio de gasoil, por lo que sostener la existencia de sobreprecios por el simple contraste con el costo de ese combustible en estaciones de servicio resulta una falacia“.  

“La nota -continúa el comunicado- resalta que `sólo cuatro oferentes` se presentaron, cuando en realidad en cualquier licitación suelen participar esa cantidad o inclusive menos interesados, atento a las características de logística requeridas. En todos los casos se trata de empresas medianas del sector y en ninguna cuentan con participación los denunciados, por lo que la presunta relación con los `amigos del poder` resulta también falaz“, dice.  

Paralelamente, considera que el denunciante Juan Mussa persigue “fines políticos“, ya que “se ha presentado a elecciones en numerosas ocasiones, obteniendo nimios resultados, con el único fin de percibir los aportes que realiza el Ministerio del Interior“. 

Puntualiza además que “el Ministerio de Planificación Federal ya ha remitido al juez Claudio Bonadío toda la documentación pertinente y ante la falta de entidad de los dichos del denunciante y el cotejo con las fotocopias del proceso de licitación enviados al juzgado, se torna insostenible la denuncia“.  

“Es necesario destacar que ningún funcionario de la AGP ha sido imputado en esta causa hasta el momento“, finaliza el comunicado.