Cómo se negociarán los salarios en las Estaciones de Servicio tras la reforma laboral

La discusión en torno al alcance de la reciente reforma laboral sumó un nuevo capítulo luego de que una exministra de Trabajo y actual diputada nacional Kelly Olmos, afirmara que el sistema de homologación de convenios colectivos continúa plenamente vigente, pese a los cambios introducidos por la ley.

En diálogo con Surtidores, la legisladora salió al cruce de las interpretaciones que advierten un eventual debilitamiento del rol del Estado en la validación de acuerdos paritarios. Según explicó, la reforma no elimina la homologación, sino que modifica la dinámica bajo la cual se desarrollan las negociaciones salariales.

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De acuerdo con su análisis, el nuevo esquema promueve que las discusiones se lleven adelante principalmente en el ámbito privado, entre representantes empresariales y sindicales, reduciendo la cantidad de audiencias formales en la Secretaría de Trabajo. “Lo que cambia es la dinámica de las reuniones, no la existencia de la homologación”, sostuvo.

Distintas lecturas técnicas coinciden en que la normativa impulsa a que empleadores y trabajadores concurran ante la autoridad laboral con el acuerdo ya cerrado para su aceptación formal. Es decir, que las partes deberán presentar el entendimiento “terminado”, limitando la instancia estatal a su revisión administrativa.

En ese contexto, la diputada aclaró que seguirá operando la homologación tácita una vez vencidos los plazos previstos, tal como ocurre actualmente. Desde esta perspectiva, el mecanismo no desaparece, sino que se reconfigura hacia un esquema de menor intervención directa.

No obstante, Olmos también cuestionó la utilización política del instrumento. Advirtió que la demora o la negativa en la homologación no deberían emplearse como herramienta para contener la inflación. “No se puede usar la validación de los acuerdos como ancla salarial”, planteó, en alusión a reclamos sindicales por incrementos que no reciben aprobación oficial.

El alcance real del nuevo régimen, sin embargo, quedará sujeto a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Según explicó, la ley contiene distintos capítulos que requieren precisiones operativas, lo que abre interrogantes sobre la distribución de competencias y la arquitectura institucional que finalmente adopte el sistema.

Entre los puntos aún abiertos se encuentra la definición sobre si determinadas facultades recaerán en las provincias o permanecerán en la órbita nacional, así como qué ministerios intervendrán en cada materia. En particular, mencionó que algunos aspectos vinculados al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) podrían depender del Ministerio de Economía, mientras que otros temas corresponderían al área de Capital Humano.

“Habrá tantas reglamentaciones como capítulos tenga la ley”, resumió, al dejar en claro que el diseño normativo que surja de esa etapa será determinante para el funcionamiento práctico del esquema.

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Desde el sector de las Estaciones de Servicio, el abogado asesor Francisco Berdaguer aportó una mirada operativa sobre el escenario que se abre. Coincidió en que la intención oficial es concentrar la discusión paritaria en el ámbito privado, con una participación más acotada de la Secretaría de Trabajo. “A lo sumo habrá una reunión virtual, pero debemos llevar el acuerdo cerrado”, describió gráficamente.

Según explicó, el rol del Estado tendería a ser esencialmente pasivo, salvo en casos de conflictividad extrema que obliguen a una intervención directa. En ese marco, el debate no gira en torno a la eliminación de la homologación, sino a una redefinición de su alcance y su modalidad de aplicación.