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Las bocas de expendio comprendidas en la Ley de Inocencia Fiscal II pueden reducir a la mitad determinadas sanciones. Para acceder, deben presentar las declaraciones juradas pendientes o responder los requerimientos omitidos hasta el 18 de diciembre inclusive.
Una declaración jurada sin presentar o un requerimiento que quedó sin responder pueden terminar en un gasto importante para una Estación de Servicio. Por eso, revisar las notificaciones de ARCA puede permitir ahora un ahorro concreto, siempre que se corrija la falta dentro del plazo previsto.
En diálogo con Surtidores, la contadora pública Elisabet Piacentini explicó qué deben comprobar los operadores para aprovechar la reducción del 50 por ciento y cómo proceder cuando la multa ya está en discusión.
La especialista en PyMEs señaló que las sociedades deben contar con el Certificado MiPyME y tener registrada esa condición ante el organismo. También están contempladas las personas humanas y las sucesiones indivisas, mientras que los Grandes Contribuyentes quedan excluidos. Ese encuadre debe verificarse al momento en que se cometió la infracción.

La asesora tributaria precisó que el beneficio alcanza sanciones por incumplimientos formales. Entre los casos que pueden interesar a los expendedores mencionó la falta de presentación de declaraciones juradas de IVA, Ganancias y obligaciones vinculadas con empleadores, además de declaraciones informativas y respuestas pendientes a requerimientos.
También hay que mirar las fechas. Según detalló la titular del Estudio Contable Piacentini, están comprendidas las obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026 cuyas infracciones se hayan cometido antes del 9 de octubre. A esta última fecha, la multa no debía estar firme o, si ya lo estaba, tenía que continuar sin cancelar.
Los ejemplos permiten ponerle números al ahorro. Si una estación funciona a nombre de una persona humana y recibió una multa de $220.000 por no presentar una declaración jurada determinativa, el importe puede quedar en $110.000. Para una sociedad, una sanción de $440.000 baja a $220.000, siempre que reúna las condiciones del régimen.
El requisito es resolver lo que quedó pendiente hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive. “Esos cumplimientos serán presentar las declaraciones juradas que no se habían presentado o responder los requerimientos que no se habían respondido”, explicó Piacentini.
Cumplidas las condiciones, la rebaja se aplica automáticamente, salvo cuando la sanción está en discusión. Por eso, aconsejó revisar las comunicaciones recibidas y la cuenta tributaria para identificar qué penalidades tiene la empresa y qué trámites falta completar.
Si la estación ya está reclamando ante ARCA o en la Justicia, hay un paso adicional. La profesional indicó que deberá ingresar a Presentaciones Digitales, elegir el trámite “Beneficio especial de reducción de multas – Ley 27.826” e identificar la sanción con el número de sumario, resolución o instrumento correspondiente. Esa gestión también debe realizarse hasta el 18 de diciembre.
En esos casos, conviene evaluar con el asesor las consecuencias de aceptar el descuento. Piacentini advirtió que acogerse implica reconocer la parte de la multa que queda por pagar, renunciar a continuar el reclamo y asumir las costas y gastos que correspondan. Tampoco permite recuperar importes abonados antes de la entrada en vigencia de la ley.

La entrevistada distinguió esta oportunidad de otra disposición de la misma norma, que establece una reducción permanente del 25 por ciento para determinadas sanciones. Ese porcentaje significa pagar una cuarta parte menos y corresponde a un mecanismo diferente del beneficio especial del 50 por ciento.
Para los operadores, la primera tarea es comprobar si entre las notificaciones recibidas hay alguna multa que pueda reducirse. “Se aconseja evaluar con el contador si hubo notificación electrónica de algunas de estas multas en el domicilio fiscal electrónico, a fin de evaluar si se accede al beneficio”, recomendó finalmente Piacentini.
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