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Entidades empresarias de distintas provincias comenzaron a coordinar asistencia económica y acuerdos tarifarios para acompañar a los operadores ante las verificaciones obligatorias que quedaron bajo órbita privada tras la salida progresiva del INTI.
Con el retiro del Estado del control de surtidores, los operadores de combustibles, comenzaron a reorganizar el esquema bajo administración privada, mientras las instituciones que los agrupan ganan protagonismo en la negociación de costos y servicios para los asociados.
De esta manera las Cámaras y Federaciones de Estaciones de Servicio comenzaron a concretar el apoyo para afrontar los costos derivados de las nuevas verificaciones privadas.
Mientras avanza en todo el país la aplicación de la Resolución 213/2025, la dirigencia negocia acuerdos mutuos y mecanismos de asistencia destinados a reducir el impacto económico de estos procedimientos de carácter obligatorio.

Vale recordar que el proceso de retiro del INTI de las tareas de control metrológico legal sobre surtidores de combustibles líquidos y GNC, comenzó a aplicarse el 31 de enero de 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires y finalizará el 30 de junio en el resto de las jurisdicciones alcanzadas.
Desde entonces, las verificaciones periódicas, auditorías técnicas y controles sobre instrumentos de medición pasarán a realizarse exclusivamente mediante empresas privadas acreditadas.
El nuevo régimen no sólo alcanza a los surtidores. También incorpora inspecciones obligatorias sobre los reparadores que intervienen en los equipos y fiscalizaciones vinculadas a las medidas de capacidad utilizadas durante las inspecciones.
La modificación alcanza a toda la red nacional de expendio, integrada por más de 5.000 Estaciones de Servicio y miles de mangueras sujetas a controles periódicos obligatorios.
Al respecto, la presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de Entre Ríos, Adriana Sors, confirmó a Surtidores que ya trabajan en alternativas para colaborar con sus asociados. Según indicó, el objetivo es acompañar a las estaciones durante la transición hacia el nuevo sistema de fiscalización técnica.
En paralelo, desde el norte del país también comenzaron a cerrarse acuerdos colectivos para facilitar las verificaciones.
El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles y Afines de Santiago del Estero, Pedro Llorvandi, señaló que en esa provincia las inspecciones ya son realizadas íntegramente por operadores privados.

“Hemos llegado a un convenio para que la mayor cantidad de Estaciones de Servicio puedan acceder al servicio. Cada estacionero es libre de contratar quien quiera, pero desde la Cámara buscamos mejoras de precio por cantidad de operaciones”, detalló.
“Ya tuvimos el primer trabajo el año pasado y seguramente todos los años se harán las renovaciones de este tipo de control”, agregó.
Ambos consultados coincidieron en que las entidades sectoriales pueden transformarse en herramientas de articulación para ordenar la operatoria y mejorar condiciones comerciales para sus asociados. “Es una función dirigencial gestionar acciones para mejorar el importe a pagar y las condiciones para las estaciones”, finalizaron.