El gobierno postergó hasta el 16 de octubre próximo la suba en el impuesto a los combustibles prevista para el inicio de este mes. De esta manera, se detuvo por dos semanas la suba de precios de hasta 3,2 por ciento en las naftas y de 2,3 por ciento en el gasoil.

En este contexto, el economista Gustavo Lahoud, analizó la generalidad del mercado de los hidrocarburos y las consecuencias que acarrea el desfasaje de precios en el negocio de la venta minorista de combustibles líquidos.

La teoría del analista, se basa en que el gobierno finalmente tenga en su agenda, volver a postergar los demás períodos que se adeudan del ICL y la justificó en en diálogo con surtidores.com.ar.

Para Lahoud, el congelamiento de los precios mayoristas combinado con la no actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos, empujó finalmente a la creación de un nuevo Barril Criollo, sostenido a costas de YPF.

“Se plantea un dilema, porque si -a pesar del retoque de octubre- para evitar que el problema sea más profundo en el 2021 el gobierno deja todo el porcentaje para diciembre, provocaría un  golpe inflacionario muy importante que implicaría una recesión mayor en la demanda de naftas y gasoil por parte de los consumidores que ya tienen el poder adquisitivo prácticamente al límite”, recalcó.

Alertó que no pueden los estacioneros ni los ciudadanos seguir soportando la dinámica del negocio negativo, por lo cual es preciso que se avance en una política de precios accesibles y razonables al público.  Reiteró que a pesar de haber elevado los precios atrasados, todavía no se pensó desde el Estado, en un redimensionamiento del eslabón más débil de la cadena, que son la red de Estaciones de Servicio.

“De la misma forma esos precios deben servir a la producción nacional y para lograrlo, a través de YPF deben llevarse las medidas de protección al bolsillo y de recuperación de la cadena de comercialización”, concluyó.

Sin embargo, reconoció que el esfuerzo que hoy está realizando la petrolera es muy grande, con lo cual, deberá ser quien lidere la premisa de que el combustible se convierta en un bien de utilidad social y en base a ello, las autoridades tomen las riendas para permitir más actores en el mercado que mejoren la competencia y avancen en una rebaja impositiva.