Primer punto del orden del día del Consejo Directivo de Repsol: aprobar el acuerdo con YPF

Por la trascendencia del tema a tratar, el Consejo Directivo de Repsol cambió su horario de reunión: esta vez será a las 10,00 de la mañana, no a las 16,00 como es habitual. Es que la cuestión lo merita: a esa hora está previsto aprobar el acuerdo sobre YPF, después de la expropiación.

Según fuentes bien informadas la cosa aun no está cerrada ni mucho menos, la aprobación debe superar algunas reticencias. El problema está en las garantías de pago de los 5.000 millones de dólares y que bancos de inversión asegurarán el cobro.

Lo cierto es que la noticia de que Repsol capitalizaba 1.200 millones de euros ha convertido el acuerdo en algo determinado movilizando la casi segura conformidad de los 16 miembros. La petrolera española encargó diez informes jurídicos y otros tantos financieros para que consultoras y bancos evalúen las condiciones del acuerdo, que ya cuenta con un visto bueno desde fines de 2013 y se cerrará antes de finales de abril.

Toda esa documentación se encuentra en poder de los consejeros, que estudiarán y definirán los términos generales del convenio con la propuesta de pago que presentó la Argentina.

Según medios españoles, fuentes cercanas a la compañía estiman que la votación no sólo sería positiva: “Se aprobará por unanimidad“, dijo una fuente que participó de las negociaciones. Pero no habrá foto y festejo, ya que Antonio Brufau presidente ejecutivo de Repsol, no viajará a la Argentina para la ocasión. En su lugar estarán Nemesio Fernández Cuesta, segundo hombre de la compañía, y el jefe del equipo jurídico y consejero, Luis Suárez de Lezo.

A casi dos años de una medida histórica

A través de una cadena nacional, el Gobierno anunció el 16 de abril de 2012 el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51 por ciento de YPF, a un precio que fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación y en el marco de la declaración de “interés público y nacional” al “autoabastecimiento de hidrocarburos”. El total a expropiar pertenecía a la española Repsol.

El proyecto llevó por título “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”. El primer artículo, de un total de 19, declaró “de interés publico nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y “la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”.

Ese marco es el que permitió la parte más sustancial del proyecto: la declaración de “utilidad pública y sujeto a expropiación” del 51 por ciento de YPF Sociedad Anónima. Esas acciones, especifica el proyecto, se repartirán entre el Estado Nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPHI) de modo tal que el Estado nacional se quedó con el 26,01 por ciento del total y las provincias productoras, el 24,99.

El proyecto fijó también la “remoción de los directores y síndicos titulares y suplentes” y estipuló que “la designación de los directores se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa”.