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Miércoles, 07 de octubre 2026
Carga tributaria
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La entidad que nuclea a los empresarios de La Pampa alertó que al fuerte aumento de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene se suma una determinación de deuda y multas por casi $198 millones. Continúa la discusión sobre la legalidad del cobro.
El empleo en las Estaciones de Servicio de Santa Rosa quedó en el centro de un reclamo por el aumento de la presión tributaria municipal. La entidad que nuclea a los empresarios del sector, advirtió que el salto en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene está poniendo en riesgo la continuidad de las estructuras laborales y reduciendo los recursos disponibles para mantener las instalaciones y reponer combustible.
“Ninguna empresa puede absorber un salto de esta magnitud en su carga tributaria sin resignar puestos laborales, capital de trabajo e inversión”, sostuvo la organización en un comunicado.
Según las cifras difundidas por CECLA, los montos abonados por las estaciones relevadas se multiplicaron entre el bienio 2022-2023 y el bienio 2024-2025, con incrementos que van del 4.400 al 40.725 por ciento. La cámara señaló que esa variación representa una carga adicional de más de $570 millones.
A ese escenario se agregó, en las últimas semanas, una determinación de deuda por casi $198 millones. De acuerdo con el sector, unos $99 millones corresponden a la tasa por un período cuatrimestral y otros $99 millones a multas. Los expendedores cuestionaron que esos importes sean exigidos cuando todavía no se resolvió la controversia sobre la legalidad del incremento.
Para las empresas, el problema se concentra en la relación entre el dinero que ingresa y el margen que queda disponible. Las Estaciones de Servicio trabajan con una elevada rotación de fondos, pero una parte sustancial de esos recursos debe destinarse a comprar nuevamente el combustible vendido. Por eso, sostienen que la mayor carga sobre la facturación repercute en la capacidad de pagar salarios, atender gastos y conservar capital de trabajo.
El planteo tampoco se limita a los empleados de playa. CECLA remarcó que las bocas de expendio sostienen empleo directo e indirecto y demandan servicios vinculados con mantenimiento, infraestructura y seguridad. Una reducción de la actividad podría alcanzar también a proveedores y trabajadores que dependen de ese movimiento comercial.
“No estamos discutiendo si corresponde pagar tasas municipales: pedimos que su actualización guarde relación con una contraprestación objetiva por parte del municipio y con la realidad económica del sector que las paga”, expresó la entidad.
En ese marco, los estacioneros cuestionaron el mecanismo que, según señalaron, les exige desembolsos millonarios como condición para discutir judicialmente el cobro. Consideran que esa obligación profundiza la presión financiera mientras permanece pendiente la resolución del conflicto.
CECLA también sostuvo que la nueva liquidación habría desnaturalizado la tasa y la habría convertido en un impuesto desvinculado del costo del servicio municipal de inspección. Se trata de la posición del sector, que cuestiona su constitucionalidad y advierte sobre la superposición con los tributos que ya gravan la actividad.
La cámara alertó que, si esta dinámica continúa, Santa Rosa podría perder bocas de expendio y parte del consumo trasladarse a localidades cercanas. El reclamo busca que el municipio revise la carga exigida y contemple la capacidad contributiva de las empresas. Para los operadores, lo que está en juego es la posibilidad de mantener abiertas las estaciones y sostener el empleo.
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