Las Estaciones de Servicio, blanco de la disputa fiscal entre Nación, Provincias y Municipios

Las Estaciones de Servicio quedaron atrapadas en una lucha tributaria que se desarrolla entre los tres niveles del Estado. Mientras la Nación administra sus recursos y las transferencias a las jurisdicciones, provincias y municipios recurren cada vez más a sus propias herramientas de recaudación para sostener sus cuentas. El resultado es una acumulación de cargas que termina impactando sobre un mismo negocio.

El punto de partida está en la estructura de financiamiento provincial. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina, los recursos de origen nacional representan, en promedio, el 71,6 por ciento de los ingresos de las provincias cuando se consideran todas las transferencias provenientes de la Nación. La Coparticipación Federal representa por sí sola el 58,2 por ciento.

La recaudación general también refleja dificultades para sostener el crecimiento de los recursos que alimentan las transferencias. Entre enero y julio de 2026 ingresaron $132,5 billones, un aumento nominal de 27,4 por ciento que significó una caída real de alrededor del 4 por ciento frente al mismo período de 2025. El comportamiento fue dispar entre los distintos tributos y el IVA volvió a mostrar una baja real en julio.

Estaciones de Servicio buscan frenar una tasa municipal atada a la facturación

La cámara que nuclea a los expendedores de La Pampa, llevó a la Justicia un reclamo contra una tasa de higiene y seguridad que considera un impuesto encubierto. El planteo apunta a establecer un límite a los cargos que impactan sobre los costos.

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La situación se completa con los conflictos por los fondos que deben recibir algunas jurisdicciones. Con presupuestos condicionados por esos ingresos, la recaudación propia adquiere una importancia creciente para provincias y municipios. Ingresos Brutos es la principal fuente tributaria provincial, mientras que las administraciones municipales disponen de tasas y contribuciones vinculadas con las actividades económicas desarrolladas en cada territorio.

Ahí aparece el problema para las estaciones. La actividad registra un volumen de facturación elevado porque el combustible tiene un precio significativo y se comercializan grandes cantidades de litros. Pero facturación y rentabilidad no son equivalentes.

“Una cosa es la facturación y otra muy distinta es la rentabilidad”, explicó a Surtidores el abogado Fabián Tobalo, asesor de la Federación de Entidades de Combustibles.

La diferencia resulta determinante porque una parte sustancial del dinero que ingresa por el surtidor corresponde al costo del producto y a los impuestos incorporados al precio. El margen disponible para el operador representa una proporción considerablemente menor.

Por eso, una carga calculada sobre las ventas puede tener una incidencia mucho mayor sobre el resultado empresario que la que sugiere su alícuota. El problema se vuelve todavía más visible cuando se suman distintos mecanismos de recaudación.

Según Tobalo, muchos cargos pueden generar anticipos fiscales que, en determinadas situaciones, superan la obligación definitiva. El resultado son saldos a favor que permanecen inmovilizados hasta que pueden ser compensados o recuperados.

Para una Estación de Servicio, ese dinero tiene un valor que excede la cuestión impositiva. Forma parte del capital de trabajo necesario para afrontar salarios, cargas sociales, electricidad, mantenimiento, alquileres, seguros y las inversiones que requiere una actividad altamente regulada.

Tobalo apuntó que los mecanismos de percepción y retención deberían adecuarse a la realidad económica del negocio y evitar que las empresas adelanten recursos en una proporción que no guarda relación con su obligación fiscal final.

La presión también llega desde los municipios. La necesidad de fortalecer los ingresos propios llevó a distintas administraciones a incrementar tasas, crear fondos específicos o modificar las bases de cálculo aplicadas a las actividades comerciales.

La Tasa Vial es uno de los casos más conocidos, pero no constituye el único componente. Las estaciones afrontan además tasas de Seguridad e Higiene y otros cargos locales que pueden variar significativamente entre jurisdicciones.

El entrevistado recordó que el problema para el sector aparece cuando esas obligaciones se superponen. “Una misma operación puede generar ingresos para la Nación mediante los impuestos nacionales, para la provincia a través de Ingresos Brutos y para el municipio mediante una tasa, mientras la estación obtiene solamente el margen comercial correspondiente a su actividad”, comentó.

Advirtió que hoy más que nunca, la tasa también altera la competencia: “Si un municipio aplica un recargo sobre los combustibles y otro cercano no lo hace, las estaciones de la primera localidad pueden quedar con un precio menos competitivo”.

El consumidor tiene la posibilidad de trasladar su compra hacia otra jurisdicción, especialmente en zonas metropolitanas, corredores de alto tránsito o áreas fronterizas. “Para el estacionero, perder litros significa resignar ingresos sin que desaparezcan los costos fijos”, observó Tobalo.

Ese efecto puede terminar perjudicando incluso la recaudación que buscaba aumentar el municipio. Una tasa más elevada por operación no necesariamente implica mayores ingresos si el volumen comercial cae como consecuencia de la diferencia de precios.

La caída del consumo agrava el problema. Cuando se venden menos litros, los costos asociados a la estructura no disminuyen en la misma proporción. Personal, energía, mantenimiento, sistemas de seguridad, seguros y controles continúan siendo necesarios para mantener abierta la boca de expendio.

Sin tasa vial, las Estaciones de Servicio venden hasta un 20 por ciento más de combustibles

La experiencia de un municipio bonaerense confirma el impacto que tiene la carga impositiva sobre el consumo. Al no aplicar el polémico impuesto local, el precio de los combustibles resulta entre un 2 y un 4 por ciento más bajo que en municipios vecinos.

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Por eso, la presión tributaria no se traduce únicamente en un porcentaje adicional sobre el precio. Puede afectar simultáneamente el margen, el capital de trabajo, la competitividad y el volumen comercializado.

Tobalo alertó que el criterio debería ser revisado. En particular, aseguró que las tasas municipales deben mantener una relación razonable con el servicio que presta el Estado y que los tributos deberían considerar la verdadera capacidad contributiva de la empresa.

Finalmente definió que si bien la estación maneja un volumen importante de dinero, una mínima parte pertenece al estacionero. “Cuando se aplican tributos, percepciones o tasas sobre una base que no representa su verdadera capacidad contributiva, se termina afectando directamente la rentabilidad y el capital de trabajo de la empresa”, subrayó.