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Martes, 14 de julio 2026
Medida cautelar
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Presentó una acción declarativa para impedir la aplicación de artículos que, según sostiene, exceden lo aprobado por el Congreso y ponen en riesgo su financiamiento. Al mismo tiempo, inició las conversaciones con las cámaras empresarias para adaptar el convenio colectivo a las nuevas tecnologías.
El sindicato que representa a los trabajadores de las Estaciones de Servicio puso en marcha una estrategia con dos objetivos simultáneos: frenar en la Justicia la aplicación de aspectos de la reglamentación de la reforma laboral que considera lesivos para la actividad gremial y comenzar la actualización del convenio colectivo para incorporar los cambios tecnológicos que atraviesan al sector.
La entidad presentó una acción declarativa de certeza acompañada por una medida cautelar para que se suspendan los efectos de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral y de los artículos 6 y 7 de su decreto reglamentario, al menos mientras se resuelve el fondo de la cuestión. El planteo alcanza a los ocho convenios colectivos que regulan a los trabajadores de Estaciones de Servicio, expendio de GNC, garages, playas de estacionamiento y lavaderos de autos.
Desde el gremio sostienen que el problema no radica únicamente en la ley aprobada por el Congreso, sino en la forma en que fue reglamentada por el Poder Ejecutivo. Según explicó el secretario general adjunto de la organización Carlos Acuña (h), el decreto avanzó sobre cuestiones que no fueron debatidas durante el tratamiento legislativo y terminó incorporando restricciones que afectan directamente el convenio colectivo.
“La reglamentación fue más allá de lo que establecía la ley“, aseguró el dirigente, quien remarcó que el objetivo del amparo es preservar las condiciones vigentes y evitar que la nueva normativa altere el funcionamiento de la organización sindical y los servicios que presta a los trabajadores.
Ese argumento también constituye uno de los ejes centrales de la presentación judicial. El escrito sostiene que el decreto reglamentario excede las facultades del Poder Ejecutivo al ampliar el alcance de la ley e incorporar al límite del 2 por ciento conceptos que el texto aprobado por el Congreso no contemplaba. Entre ellos menciona aportes, contribuciones y fondos convencionales que forman parte del financiamiento acordado en las negociaciones colectivas.
Además, la demanda afirma que la nueva reglamentación ordena computar en forma global todas las cargas económicas previstas en los convenios vigentes y modifica la base de cálculo, tomando como referencia el salario básico convencional en lugar de la remuneración total. Para la organización, esos cambios no sólo reducen significativamente los recursos previstos en los acuerdos, sino que también alteran condiciones ya pactadas entre las partes.
Otro de los puntos centrales del planteo consiste en que las modificaciones no deberían aplicarse sobre convenios actualmente vigentes. La acción judicial sostiene que la legislación sólo podría alcanzar futuras negociaciones colectivas y no alterar derechos incorporados a acuerdos ya homologados, por lo que considera inválida la pretensión de readecuarlos de manera inmediata.
Según el documento, la aplicación literal del decreto provocaría una reducción sustancial de los recursos que sostienen el funcionamiento del sindicato y de la federación que participa en la firma de los convenios. El texto advierte que esos ingresos financian no sólo la representación gremial, sino también una amplia red de prestaciones vinculadas con la obra social, programas de prevención sanitaria, turismo, capacitación, asesoramiento legal y actividades recreativas para trabajadores y sus familias.
La presentación incluso sostiene que una disminución abrupta de esos fondos afectaría la autonomía financiera de la organización y limitaría su capacidad para negociar en igualdad de condiciones con el sector empresario. Bajo esa interpretación, el escrito invoca principios constitucionales, convenios de la Organización Internacional del Trabajo y antecedentes de la Corte Suprema para sostener que la independencia económica constituye un requisito indispensable para garantizar la libertad sindical.
Mientras espera una respuesta judicial sobre la medida cautelar, el sindicato comenzó otro proceso que considera igualmente trascendente: la actualización del convenio colectivo.
Aunque las reuniones con las cámaras empresarias recién comenzaron y todavía no ingresaron en cuestiones específicas, desde el SOESGyPE aseguran que existe voluntad de incorporar herramientas que acompañen la transformación que experimentan las Estaciones de Servicio.
Acuña reconoció que el trabajo cambió profundamente durante los últimos años. “Antes la tarea consistía básicamente en despachar combustible y cobrar en efectivo. Hoy el personal debe operar aplicaciones, medios de pago electrónicos, sistemas digitales y nuevas tecnologías que forman parte de la operatoria diaria“, señaló.
Por ese motivo, sostuvo que el gremio está dispuesto a discutir la incorporación de esas nuevas funciones dentro del convenio, siempre que ello implique mejorar la capacitación y adecuar las tareas sin afectar derechos adquiridos.
No obstante, advirtió que la construcción de un nuevo marco convencional demandará tiempo. “No es un tema que pueda resolverse en pocos días. Recién estamos comenzando un trabajo complejo que requerirá mucho diálogo entre todas las partes“, concluyó.
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