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Lunes, 06 de julio 2026
Surtidores dedicados
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Mientras el Senado nacional debate en comisiones un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, distintas provincias productoras avanzan en el análisis de esquemas con mayores niveles de mezcla e incluso iniciativas de expendio 100 por ciento renovable
Las Estaciones de Servicio especializadas en la comercialización de combustibles con mayor participación de biodiésel y bioetanol podrían dejar de ser una rareza en la Argentina. La discusión por un régimen actualizado para el sector volvió a cobrar impulso en la Cámara alta, donde se estudia un proyecto impulsado por la senadora Patricia Bullrich, orientado a modificar la normativa vigente y otorgar mayor margen de acción a las jurisdicciones productoras.
La iniciativa no busca reemplazar el esquema actual, sino complementarlo. El planteo es que el Gobierno nacional mantenga la fijación de un porcentaje mínimo obligatorio de mezcla en todo el territorio y que, a partir de ese piso, las provincias con producción propia puedan avanzar con proporciones superiores, habilitando nuevas bocas de expendio y ampliando la oferta para los usuarios.
El principal antecedente se encuentra en Córdoba, donde comenzaron a operar las primeras estaciones autorizadas para comercializar combustibles sin limitaciones de corte. Lo que en un principio generó dudas dentro del sector, con el tiempo fue ganando consolidación y hoy es seguido de cerca por otras provincias que evalúan replicar el esquema.
En diálogo con Surtidores, el director provincial de Bioenergías de Córdoba, Mariano Santillán, explicó que el objetivo es articular una política nacional homogénea con la posibilidad de que cada distrito impulse el uso de biocombustibles según su matriz productiva.
El funcionario planteó que la Nación debería sancionar una ley que eleve el porcentaje de mezcla a nivel general y, al mismo tiempo, habilite programas complementarios provinciales. Según detalló, ese diseño permitiría dar previsibilidad a toda la cadena productiva y estimular nuevas inversiones en canales de comercialización.
La experiencia cordobesa también se apoya en un plan de reconversión de la flota pública iniciado en 2022, que acompaña el desarrollo de las estaciones “verdes”. Actualmente, más de 2.500 vehículos oficiales —entre camiones, utilitarios y camionetas— utilizan combustibles con mayor contenido renovable.
De acuerdo con datos oficiales, el consumo acumulado ya supera los tres millones de litros, mientras que la reducción estimada de emisiones de gases de efecto invernadero alcanza las 19.000 toneladas. Para Santillán, estas cifras muestran que las mezclas elevadas pueden implementarse de forma sostenida, sin dificultades operativas, y convertirse en una herramienta concreta dentro del proceso de transición energética.
El próximo paso, señaló, es ampliar la infraestructura comercial. Consideró que una ley que otorgue mayores facultades a las provincias facilitaría la apertura de nuevas Estaciones de Servicio bio y permitiría que otras regiones con capacidad productiva puedan ofrecer estos combustibles al público.
El interés por este esquema ya comenzó a expandirse fuera de Córdoba. Según el funcionario, distintas jurisdicciones mantienen contactos para conocer el funcionamiento del sistema de abastecimiento, los requisitos de habilitación y las posibles adaptaciones a sus realidades locales.
Para el sector expendedor, una eventual reforma del marco legal también abriría una oportunidad de negocio. La incorporación de combustibles con mayor proporción de renovables permitiría diversificar la oferta en los surtidores, sumar alternativas para los clientes y acompañar una tendencia global orientada a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
El crecimiento de este mercado tendría además impacto en toda la cadena de valor de los biocombustibles. Un aumento de la demanda impulsaría inversiones industriales, agregaría valor a la producción agropecuaria y fortalecería a las economías regionales vinculadas a la provisión de materia prima.
Como conclusión, Santillán destacó que la definición final recae en el Gobierno nacional. “La Nación puede establecer un corte mínimo que asegure la sustentabilidad de toda la cadena, mientras las provincias avanzan con programas que profundicen el uso de biocombustibles. Ese esquema no solo fortalecería el federalismo, sino que también permitiría escalar estos proyectos y potenciar el desarrollo de las economías regionales”, subrayó.
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