Estaciones de Servicio impulsan una reforma integral para modernizar el control de combustibles líquidos

Las autoridades de Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos se reunieron con el subsecretario de Innovación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Héctor Huici, y funcionarios de ARCA para analizar los efectos de la Resolución General 5835/2026 sobre trazadores de combustibles. Durante el encuentro, expusieron las dificultades que la norma genera en la operatoria diaria de las Estaciones de Servicio y presentó una propuesta para reemplazar los controles manuales por sistemas digitales de trazabilidad y monitoreo.

Luego de un intercambio considerado muy positivo por ambas partes, se acordó avanzar en una mesa de trabajo que incluirá también a otros actores del sector. El objetivo será evaluar posibles cambios que permitan simplificar los procedimientos.

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Una nueva resolución de ARCA cambia la operatoria en las bocas de expendio, impone ensayos en cada recepción y amplía las responsabilidades de los estacioneros en el control fiscal.

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PROPUESTA TÉCNICA

Al respecto, CECHA elevó una propuesta técnica y jurídica destinada a modificar el régimen de trazadores de combustibles líquidos. El documento, elaborado junto con FAENI, CAPEGA, CESECA Y CECAER, en representación de las demás federaciones y cámaras provinciales, plantea sustituir el sistema actual de controles manuales por un esquema basado en tecnología, fiscalización inteligente y verificación electrónica.

Actualmente, la regulación obliga a las bocas de expendio a realizar ensayos físico-químicos cada vez que reciben una descarga de combustible. El procedimiento exige utilizar reactivos homologados antes de autorizar la descarga del camión cisterna y luego registrar la información en el sistema web “Trazado de Combustibles”.

Para CECHA, ese mecanismo traslada responsabilidades de fiscalización al último eslabón de la cadena comercial, pese a que las estaciones carecen de capacidad real para verificar el origen o las eventuales irregularidades producidas durante el transporte. El texto sostiene que el control debería concentrarse en refinerías, importadores y distribuidores mayoristas, donde se genera el despacho y existen herramientas técnicas más precisas.

La entidad recordó además antecedentes judiciales vinculados con regímenes similares implementados entre 2002 y 2004. En esos casos, tribunales federales cuestionaron la razonabilidad de exigir a operadores minoristas tareas propias del organismo recaudador. Los fallos señalaron que la obligación de detectar posibles maniobras de evasión por parte de terceros implicaba una transferencia impropia de funciones estatales.

El documento también describe las dificultades económicas derivadas del sistema vigente. Las estaciones deben adquirir kits de reactivos, capacitar personal, destinar tiempo operativo y asumir riesgos sanitarios vinculados con la manipulación de compuestos químicos. De acuerdo con estimaciones del sector, una boca de expendio de movimiento medio o alto puede afrontar costos anuales de entre 2.000 y 5.000 dólares solo en materiales y procedimientos.

Otro de los ejes centrales de la propuesta se relaciona con la incorporación de tecnología ya disponible en gran parte del mercado. CECHA plantea utilizar sistemas de telemedición de tanques, monitoreo satelital de camiones cisterna, precintos electrónicos y certificaciones digitales de trazabilidad.

ARCA planea modificar el sistema de trazadores para combustibles tras un planteo de los estacioneros

El subsecretario de Simplificación y Desregulación, Héctor Huici, mantuvo una reunión con directivos de CECHA. Los empresarios advirtieron que el esquema vigente quedó atrasado frente a los nuevos sistemas tecnológicos y reclamaron cambios para aliviar costo.

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En las estaciones operadas bajo el modelo de consignación —como ocurre con gran parte de la red de YPF— los combustibles continúan siendo propiedad de la petrolera hasta la venta final al consumidor. Según la presentación, ese esquema reduce prácticamente a cero el incentivo económico para adulterar producto. Además, las estaciones cuentan con sistemas de medición automática que transmiten información en tiempo real a las compañías.

En el caso de las redes que funcionan bajo modalidad de reventa, como Shell, Axion, Puma, Gulf o Dapsa, la propuesta apunta a reforzar la verificación durante el tránsito. El planteo incorpora controles satelitales del recorrido del camión, validación digital de documentación y revisión de precintos de seguridad en cada compartimento de la cisterna.

Uno de los puntos más destacados es la creación de una Certificación Electrónica de Trazabilidad. Ese documento digital acompañaría cada despacho de combustible e incluiría datos sobre origen, destino, tipo de producto, marcador utilizado, transportista y validación del recorrido. La información quedaría disponible en el sistema de ARCA antes de la llegada a la estación.

Con ese mecanismo, el operador minorista solo debería verificar la existencia y consistencia de la certificación electrónica, en lugar de efectuar análisis manuales permanentes. Los ensayos físico-químicos quedarían reservados únicamente para situaciones excepcionales, como inconsistencias documentales, alertas de riesgo o requerimientos específicos del organismo fiscal.

Como cierre de la presentación, la entidad también sugirió avanzar en un proyecto de ley nacional que otorgue un marco normativo permanente al sistema, con criterios diferenciados según el nivel de riesgo fiscal de cada segmento de comercialización. La iniciativa propone incorporar herramientas digitales, fiscalización inteligente y certificación electrónica obligatoria, además de establecer de manera expresa los límites del deber de colaboración de las Estaciones de Servicio dentro de la cadena de control tributario.

Entre los principales puntos se destaca la creación obligatoria de la “Carta de Porte Electrónica para el Transporte de Combustibles Líquidos Exceptuados o con Tratamiento Fiscal Especial”, definida como el único documento válido para respaldar la carga, el traslado y la descarga de combustibles líquidos alcanzados por regímenes de exención o tratamientos impositivos diferenciales en todo el territorio argentino mediante transporte automotor. Según la propuesta, esa certificación electrónica permitiría consolidar la trazabilidad integral de cada despacho y reforzar los mecanismos de control en origen y durante el tránsito.