¿Oportunidad o amenaza? Los cambios que analiza UTE abren un nuevo debate sobre la carga eléctrica

La movilidad eléctrica atraviesa una etapa de revisión en Uruguay. Las recientes declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Oddone, sobre una posible evaluación de los beneficios fiscales para los vehículos eléctricos, sumadas a la intención de UTE de ajustar las tarifas de carga pública, instalaron interrogantes sobre el futuro del sector y su impacto en los distintos actores de la cadena.

Sin embargo, más allá de algunas interpretaciones de estas medidas como un freno al desarrollo de la electromovilidad, algunos especialistas consideraron que esta realidad trae consigo oportunidades para las Estaciones de Servicio, especialmente en el negocio de la carga y la gestión de energía.

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Especialistas del sector sostienen que los cargadores rápidos pueden abrir nuevos márgenes de ganancia para las Estaciones de Servicio, en un mercado donde cada vez más usuarios dependen de la red pública para abastecer sus vehículos.

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UN MERCADO QUE BUSCA NUEVOS EQUILIBRIOS

El vicepresidente de UTE, Pablo Bentancor, explicó que el ente procura equiparar los valores de sus cargadores públicos con los ofrecidos por operadores privados. Actualmente, las tarifas del ente son inferiores a las de varios prestadores particulares, una situación que, según sostuvo, dificulta una competencia más equilibrada.

En paralelo, el Ministerio de Economía analizó la conveniencia de mantener algunos estímulos fiscales que acompañaron el crecimiento de los vehículos eléctricos durante los últimos años. Entre ellos aparece la exoneración del IMESI, cuya continuidad será estudiada junto al Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Para Sebastián Lattanzio, especialista energético, los eventuales cambios no modificarían sustancialmente la ecuación económica de quienes optan por esta tecnología. “Puede haber un aumento relativamente menor. No creo que sea superior a un rango de entre 5 y 10 por ciento”, expresó en diálogo con Surtidores.

A su entender, incluso con ajustes tarifarios o tributarios, la diferencia de costos operativos frente a los combustibles líquidos seguirá siendo significativa.

EL ROL DE LAS ESTACIONES

Más allá de la discusión sobre tarifas e impuestos, Lattanzio consideró que las Estaciones de Servicio tienen ante sí una posibilidad concreta de ampliar su participación en el negocio energético. Según explicó, la expansión de la red de carga y el crecimiento sostenido del parque eléctrico generan condiciones para que los expendedores desarrollen sus propias soluciones, sin depender exclusivamente de la infraestructura pública.

El especialista entiende que la actividad puede evolucionar más allá de la simple instalación de cargadores, incorporando herramientas de gestión energética que permitan mejorar la rentabilidad de las inversiones.

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ALMACENAMIENTO Y NUEVAS FUENTES DE INGRESOS

Uno de los aspectos que destacó es la posibilidad de incorporar sistemas de almacenamiento mediante baterías. Esta tecnología permitiría adquirir electricidad en horarios de menor costo y utilizarla posteriormente para abastecer la demanda durante los momentos de mayor consumo.

“Las estaciones pueden arbitrar energía. Cargar baterías cuando la electricidad cuesta menos y luego comercializar cuando el valor es más alto”, explicó. Para los operadores, esta alternativa representa una fuente adicional de ingresos y una forma de integrarse a un negocio que se perfila como complementario a la venta tradicional de combustibles.

El planteo aparece en momentos en que UTE acelera la expansión de la infraestructura nacional. Actualmente cuenta con unos 450 cargadores propios, a los que se suman aproximadamente 150 privados. Además, proyecta incorporar cerca de 300 nuevos equipos durante este año.

UNA DISCUSIÓN QUE RECIÉN COMIENZA

Mientras el Gobierno analiza el futuro de los incentivos y UTE revisa su esquema tarifario, el sector observa con atención los próximos pasos. Para algunos actores, los cambios pueden representar mayores costos para los usuarios. Para otros, constituyen una oportunidad para impulsar una participación más activa de operadores privados en el desarrollo de la red de carga.