Como sucede con el autoservicio, la reforma laboral podría quedar limitada en estaciones de varias provincias

El antecedente del autoservicio de combustibles en la provincia de Buenos Aires vuelve a cobrar relevancia frente al debate por la reforma laboral. Tal como se muestra en reiteradas oportunidades, la modalidad de self service no pudo avanzar aún en territorio bonaerense debido a normativas provinciales que se imponen por sobre iniciativas de alcance nacional.

En ese mismo sentido, un reciente documento firmado por autoridades laborales y gremiales advierte que la Ley 27.802 podría enfrentar obstáculos similares, al involucrar aspectos que las provincias consideran dentro de su poder de policía laboral, abriendo la puerta a un escenario de aplicación dispar también en las Estaciones de Servicio.

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Este hecho se dio en el marco del Encuentro Federal del Trabajo, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó un acuerdo junto a las máximas autoridades laborales de las Tierra del Fuego, La Pampa, La Rioja y Santiago del Estero, junto con referentes de la CGT y la CTA, que cuestiona la Ley 27.802 de “Modernización Laboral”, al considerar que avanza sobre facultades no delegadas por las provincias.

Los autores del expediente, reconocieron que el tema no es menor para los estacioneros, ya que la actividad se rige por un entramado complejo de regulaciones nacionales, provinciales y municipales que abarcan desde condiciones de seguridad e higiene hasta relaciones laborales y fiscalización.

En ese contexto, cualquier modificación de fondo en materia laboral impacta de manera directa en la operatoria diaria de las bocas de expendio, donde la presencialidad del trabajador sigue siendo un factor clave.

Según la gacetilla difundida, los firmantes advirtieron que la norma incurre en “graves violaciones a la Constitución Nacional”, especialmente por su intromisión en el poder de policía laboral provincial. En el caso de las Estaciones de Servicio, este punto adquiere especial relevancia: los controles sobre registración de empleados, condiciones de trabajo, turnos, seguridad operativa y documentación respaldatoria son ejercidos en gran medida por autoridades provinciales.

El planteo también identifica trece disposiciones que, a criterio de este bloque político y sindical, exceden la competencia federal. Entre ellas, se destacan aspectos sensibles para el sector como la centralización de registros laborales, la limitación de herramientas de fiscalización local y la regulación de cuestiones procesales que podrían afectar litigios laborales frecuentes en la actividad, como reclamos por horas extras, trabajo no registrado o diferencias salariales.

Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires señalaron a Surtidores que el escenario es abierto y no exento de conflicto. Voceros oficiales admitieron que podrían registrarse resistencias políticas o administrativas en la aplicación de la norma, así como la presentación de acciones judiciales -amparos o medidas cautelares- que eventualmente deriven en la suspensión o limitación de algunos artículos en territorio provincial.

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Para las fuentes consultadas, el antecedente del autoservicio de combustibles resulta elocuente. A pesar de los intentos de avanzar hacia un esquema más flexible desde el ámbito nacional, varias provincias mantuvieron su prohibición apoyadas en argumentos de seguridad y preservación del empleo.

A su vez, el documento firmado en el Encuentro Federal refuerza una advertencia de fondo: la posibilidad de que la ley nacional sea considerada invasiva de competencias provinciales. En ese marco, no se descarta que algunas jurisdicciones promuevan acciones para frenar su aplicación o incluso decidan no implementarla plenamente hasta que exista un pronunciamiento judicial.