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Viernes, 17 de abril 2026
Justificó la eliminación de servicios
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El ministro de Desregulación sostuvo que parte de las prestaciones del organismo implicaban transferencias indirectas a grandes empresas. La Resolución 42/26 busca trasladar esas tareas al sector privado y transparentar costos.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue contundente al explicar el trasfondo de la reforma del Instituto Nacional de Tecnología Industrial: según su visión, el organismo terminaba subsidiando a empresas petroleras a través de servicios técnicos prestados por debajo de su costo real.
La afirmación se da en el marco de la Resolución 42/26, que elimina cerca de mil prestaciones consideradas no esenciales. Para el funcionario, el problema no radicaba únicamente en la cantidad de servicios ofrecidos, sino en el esquema económico bajo el cual se brindaban.
De acuerdo con Sturzenegger, muchas de estas actividades -ensayos, certificaciones y controles- eran financiadas parcialmente por el Estado, ya que los valores cobrados no cubrían los costos operativos. Esto incluía gastos de personal, logística, traslados y equipamiento.
“Cuando el Estado presta un servicio por debajo de su costo, alguien está pagando la diferencia”, deslizó el ministro en su explicación, aludiendo a un esquema que, en la práctica, implicaba transferencias indirectas hacia el sector privado.
Uno de los ejemplos más claros, según detalló, es el control de surtidores de combustibles. Esta tarea obligatoria para Estaciones de Servicio era realizada en gran parte por el organismo, con una estructura que demandaba recursos significativos.
En ese sentido, el funcionario sostuvo que este tipo de prestaciones beneficiaban directamente a empresas del sector energético, incluidas petroleras, que accedían a servicios técnicos a valores inferiores a los de mercado.
Pero el planteo oficial va más allá del costo fiscal. Sturzenegger también remarcó que este esquema generaba distorsiones en la competencia, ya que dificultaba el desarrollo de prestadores privados capaces de ofrecer los mismos servicios.
“Si el Estado compite con precios subsidiados, el sector privado no puede crecer”, es el razonamiento que sostiene la reforma. Bajo esta lógica, la presencia del organismo como proveedor dominante terminaba limitando la oferta y reduciendo las alternativas para las empresas.
La Resolución 42/26 apunta a revertir ese escenario. La eliminación de estos servicios busca trasladar las actividades al ámbito privado, promoviendo la competencia y permitiendo que los precios reflejen los costos reales.
Para las petroleras y Estaciones de Servicio, el cambio implica un nuevo esquema operativo. Los controles y verificaciones deberán ser contratados en el mercado, lo que podría generar ajustes iniciales en costos y tiempos.
Desde el Gobierno, sin embargo, sostienen que el beneficio de fondo será la transparencia. Al eliminar subsidios implícitos, las empresas deberán asumir el costo real de los servicios que utilizan. Al mismo tiempo, el organismo podrá concentrar sus recursos en funciones consideradas estratégicas, como el desarrollo tecnológico, la innovación y el apoyo a pequeñas y medianas empresas.
La postura del ministro se inscribe en una visión más amplia sobre el rol del Estado. Según explicó, las actividades que pueden ser realizadas por el sector privado no deberían ser financiadas con recursos públicos, salvo en casos donde exista un interés estratégico claro.
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