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Especialistas destacan el efecto inmediato en ventas, pero advierten por el peso estructural del tributo en el precio final.
Con el petróleo en alza a nivel global, el Gobierno resolvió no aplicar en abril la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La decisión impacta directamente en las Estaciones de Servicio, donde cada modificación impositiva se refleja de forma casi automática en los surtidores.
Para los operadores, la medida trae alivio inmediato. Al frenarse la suba de estos tributos, se reduce la presión sobre los precios finales y se evita un nuevo ajuste que podría haber afectado el nivel de despacho. En un negocio donde el volumen depende fuertemente del valor en pizarra, cualquier incremento incide de manera directa en las ventas.

La decisión se complementa con la flexibilización del corte con bioetanol. Esta herramienta permite atenuar costos y suma un factor adicional para contener los precios, un aspecto clave para sostener la actividad en las estaciones.
Al respecto, el tributarista Diego Fraga consideró que la medida es adecuada para el momento. “Me parece razonable”, afirmó a Surtidores, al referirse al impacto de la suba internacional del crudo.
“El aumento del petróleo genera presión sobre los combustibles en todo el mundo y eso se traslada al resto de la economía, porque influye en el transporte, la logística y los costos de producción”, explicó. En ese sentido, sostuvo que tiene lógica que el Gobierno busque amortiguar ese efecto para no afectar el proceso de desaceleración inflacionaria.
Bajo esa mirada, el especialista remarcó que no se trata solo de una decisión fiscal. “Puede leerse como una medida de política extrafiscal: no apunta principalmente a aliviar la carga tributaria, aunque en los hechos lo haga, sino a evitar que un shock externo impacte con más fuerza en los precios internos”, señaló.
En paralelo, el abogado asesor de empresas Marcelo Saleme Murad aportó una visión de fondo sobre el impuesto. Explicó que el actual esquema es la continuidad del histórico tributo a los combustibles, que pasó de ser una alícuota que subía con el precio a un monto fijo que se actualiza por inflación.
Sin embargo, advirtió que esa actualización hoy se encuentra retrasada y no se aplica de forma automática. “El Gobierno la va ajustando de manera variable, según evalúa la marcha de la economía”, indicó.
Saleme Murad también cuestionó el uso histórico de este gravamen. “Fue siempre una caja muy importante de recaudación, pero nunca se utilizó para los fines que se habían previsto”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó la antigua tasa sobre el gasoil, que estaba destinada a financiar infraestructura vial, pero que en la práctica no cumplió ese objetivo.
El especialista fue más allá al analizar el impacto en el precio final. “Este impuesto, combinado con el IVA y con tasas provinciales e incluso municipales, muchas veces de dudosa legalidad, genera una fuerte distorsión en el valor que paga el consumidor”, afirmó.
Según detalló, ese efecto no solo repercute en el bolsillo de los usuarios, sino también en indicadores clave. “Influye directamente en el índice de precios y en los costos de producción, en un momento en que el Gobierno busca bajar la inflación”, explicó.

Además, advirtió sobre lo que ocurriría si el ajuste se aplicara en su totalidad. “El impacto sería muy grande, con efectos negativos en la producción y en sectores clave como el agro, que es uno de los principales generadores de divisas”, señaló.
En ese marco, valoró la decisión oficial de postergar la actualización. “Es una muy buena medida que se retacee su aplicación”, afirmó. Y reiteró su postura de fondo: “Se trata de un impuesto regresivo, distorsivo e injusto, que debería eliminarse”.
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