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Jueves, 26 de marzo 2026
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La Secretaría de Energía evalúa cómo reconfigurar el sistema de fiscalización luego de que el organismo tecnológico anunciara la cesación de servicios en metrología legal.
La decisión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de cesar la prestación de servicios regulados de Metrología Legal en el control de los picos de surtidores, formalizada a través de la Resolución 213/2025, abrió un escenario de incertidumbre en torno a uno de los pilares del sistema de fiscalización del expendio de combustibles en la Argentina.
La medida implica un cambio significativo en un esquema que, durante años, tuvo al organismo como actor central en la verificación de que los surtidores entreguen la cantidad exacta de combustible despachado. Si bien el control de los picos de Gas Natural Comprimido también formaba parte de la órbita de estudio del instituto, nunca llegó a implementarse plenamente, lo que refuerza ahora las dudas sobre la cobertura futura de estos controles.
En este contexto, la principal incógnita gira en torno a cómo continuará el control de calidad de los combustibles líquidos que se comercializan en las Estaciones de Servicio. Hasta el momento, el convenio vigente entre la Secretaría de Energía y el INTI sigue en pie, aunque fuentes del sector reconocen que se encuentra en proceso de revisión y reformulación.
Ese acuerdo es el que da sustento al Programa Nacional de Control de Calidad de Combustibles, mediante el cual el INTI lleva adelante tareas clave como la toma de muestras en bocas de expendio, auditorías de seguridad operativa, verificación documental y análisis de calidad de naftas y gasoil.
Sin embargo, la decisión de discontinuar los servicios de metrología legal introduce una fisura en ese entramado de control, obligando a la autoridad de aplicación a redefinir los mecanismos de fiscalización. En ese sentido, la Secretaría de Energía ya inició un proceso de análisis para diseñar un nuevo sistema que permita sostener los estándares actuales sin generar vacíos regulatorios.
Desde el ámbito legal, especialistas advierten que el desafío no es menor. “El control metrológico y el control de calidad son dos caras de una misma moneda. Si uno de esos componentes se debilita, el sistema pierde eficacia y se expone a mayores riesgos de incumplimientos”, señaló Luis Navas, consultor y especialista legal en Estaciones de Servicio.
El experto subrayó además que cualquier transición deberá ser cuidadosamente planificada para evitar distorsiones en el mercado. “Es fundamental que la Secretaría de Energía defina rápidamente quién asumirá esas funciones y bajo qué estándares técnicos, porque la seguridad jurídica y la confianza del consumidor dependen de la continuidad de estos controles”, agregó en diálogo con Surtidores.
En el sector empresario, la preocupación también se hace sentir, aunque predomina la expectativa de que el Gobierno avance hacia un esquema que combine eficiencia operativa con previsibilidad normativa. La posibilidad de que nuevos actores -públicos o privados- participen en las tareas de control aparece como una de las alternativas en estudio, en línea con modelos aplicados en otros países.
No obstante, cualquier modificación deberá garantizar la trazabilidad de los procedimientos y la transparencia en los resultados, aspectos considerados esenciales para evitar conflictos entre operadores, proveedores y usuarios finales.
Mientras tanto, el sistema continúa funcionando bajo el marco vigente, aunque con la mirada puesta en los cambios que puedan definirse en los próximos meses. La continuidad del INTI en el Programa Nacional de Control de Calidad no está descartada, pero su rol podría verse redefinido en función del nuevo esquema que impulse la Secretaría de Energía.
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