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El nuevo régimen de costos en electricidad vigente desde enero de 2026, confirma que las expendedoras de combustibles quedan fuera de cualquier esquema de asistencia estatal.
La entrada en vigencia del Decreto 943/2025 dejó atrás los esquemas de segmentación de tarifas energéticas por niveles de ingresos y unificó los subsidios de jurisdicción nacional bajo un criterio más restrictivo, con impacto directo en los precios y en la forma en que usuarios y empresas se relacionan con el costo de la energía.
En diálogo con Surtidores, la directora y fundadora de GEINSA Gestión de Energía, Nadia Sager, explicó que el cambio es profundo y no se limita a una cuestión tarifaria. “Se retoma la lógica original del sistema energético argentino, donde la energía tiene un costo real y la asistencia del Estado debe ser excepcional, focalizada y transitoria”, señaló. En ese marco, el nuevo esquema abandona definitivamente los subsidios generalizados que durante años generaron distorsiones en el mercado.

El SEF (Subsidios Energéticos Focalizados) elimina la segmentación N1, N2 y N3 y crea una única categoría de Usuarios Residenciales Subsidiados, que acceden al beneficio exclusivamente a través del Registro ReSEF. La asistencia se aplica solo sobre bloques de consumo base y contempla una bonificación general del 50 por ciento sobre el precio mayorista de la electricidad durante todo 2026. A ese beneficio se suma una bonificación extraordinaria adicional de hasta el 25 por ciento en enero, que se reduce de manera gradual hasta desaparecer hacia fin de año.
Los límites de consumo quedaron claramente establecidos. En los meses de mayor demanda, el tope subsidiado es de 300 kilovatios hora mensuales, mientras que en los períodos de menor consumo se reduce a 150. Todo excedente se abona a precio pleno, reforzando la señal de que el uso intensivo de la energía deja de estar protegido por el Estado.
Desde el punto de vista regulatorio, las Estaciones de Servicio quedaron explícitamente fuera del alcance del nuevo régimen. El decreto no introduce cambios en materia de subsidios para el sector, que se encuadra como usuario no residencial o gran usuario, categorías que no reciben bonificaciones energéticas. Por ese motivo, las estaciones no deben inscribirse en el ReSEF y continúan pagando el precio pleno de la electricidad y del gas, de acuerdo con su categoría tarifaria.
El texto oficial solo contempla excepciones para usuarios no residenciales sin fines de lucro, como entidades de bien público o clubes de barrio, un universo que no incluye a las actividades comerciales. De este modo, las estaciones quedan al margen de cualquier asistencia directa, aun cuando el costo energético siga teniendo un peso relevante en su estructura operativa.
No obstante, el nuevo esquema sí genera impactos indirectos que el sector no puede desestimar. El reordenamiento de los precios redujo distorsiones históricas y achicó las brechas entre distintos tipos de usuarios. En electricidad, aunque los precios residenciales suben en términos nominales, el precio final para los hogares no subsidiados muestra fuertes bajas frente al esquema anterior: una reducción del 22 por ciento para los ex usuarios N2 y del 46 por ciento para los ex N3.
Además, el precio promedio converge en torno a los 15.297 pesos por megavatio hora en las denominadas horas resto, frente a valores muy dispares que predominaban bajo el sistema previo. Este reordenamiento consolida señales de precio más claras y aporta previsibilidad a un mercado que durante años estuvo atravesado por subsidios cruzados y asimetrías tarifarias.

En este marco, aunque las estaciones no acceden a beneficios directos, el nuevo escenario obliga a una gestión más activa del consumo energético. La incidencia de la energía en la rentabilidad diaria se vuelve más visible y refuerza la necesidad de incorporar criterios de eficiencia, monitoreo y optimización del suministro. Al mismo tiempo, los empleados del sector y sus familias, en su condición de usuarios residenciales, sí pueden acceder al SEF si cumplen con los requisitos, lo que atenúa el impacto tarifario a nivel hogar, aunque no modifica la ecuación económica de las empresas.
“Este decreto no cambia los costos directos de las Estaciones de Servicio, pero confirma un cambio de paradigma muy claro: la asistencia estatal se concentra en los hogares vulnerables y las actividades comerciales operan sin subsidios, con señales de precio más transparentes. En este nuevo escenario, la eficiencia energética y la correcta gestión del suministro dejan de ser una opción y pasan a ser herramientas centrales para sostener la rentabilidad y adaptarse a un mercado energético cada vez más ordenado y exigente”, concluyó Sager.
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