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Viernes, 16 de enero 2026
Voracidad fiscal
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En distritos como Pilar, las subas en Seguridad e Higiene sumadas a fondos específicos y contribuciones adicionales profundizan la presión sobre los márgenes, ya de por sí ajustados.
Las Estaciones de Servicio atraviesan un nuevo factor de presión: el aumento de las tasas municipales, definido a través de las ordenanzas fiscales e impositivas de cada distrito, comienza a generar una fuerte preocupación entre los operadores por su impacto directo en la rentabilidad del negocio.
El caso de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, funciona como ejemplo de un fenómeno que se replica en otros municipios. Allí, la tasa de Seguridad e Higiene para las Estaciones de Servicio pasó del 3 al 7 por mil, un salto significativo que se suma a otros cargos que encarecen la estructura de costos. A ese incremento se agrega un 25 por ciento correspondiente al Fondo Educativo y una contribución adicional por cada empleado destinada al hospital municipal, cuyo alcance económico todavía no está plenamente dimensionado por el sector.
Desde la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina confirmaron a Surtidores que ya están analizando el escenario y evaluando acciones concretas para encarar la situación. Según señalaron, en los próximos días se prevén reuniones con operadores afectados y contactos con concejales y autoridades municipales para plantear la problemática.
“Es una gestión compleja porque estas tasas se aprueban por ordenanza fiscal impositiva y rigen para todo el año. Una vez sancionadas, no hay margen para correcciones inmediatas”, advirtieron desde la entidad. Esa rigidez normativa es uno de los principales obstáculos que enfrenta el sector a la hora de discutir alivios o revisiones.
La preocupación no es nueva. En los últimos años, las Estaciones de Servicio vienen alertando sobre el crecimiento sostenido de las tasas municipales, que en muchos casos se calculan como un porcentaje de la facturación bruta. Esto genera una distorsión particular en el rubro de los combustibles, donde el volumen de ventas es alto, pero los márgenes son bajos.
Un informe oficial citado recientemente por el sector mostró que una parte significativa de las diferencias de precios entre Estaciones de Servicio no se explica por decisiones comerciales, sino por la carga impositiva local que enfrenta cada establecimiento. Tasas viales, contribuciones municipales y otros gravámenes terminan incidiendo en el precio final que paga el consumidor, aun cuando no siempre sea visible en el surtidor.
Vale recordar que las Estaciones de Servicio tienen la obligación de informar si se cobran tasas viales en los surtidores, una medida que apunta a transparentar la composición del precio, pero que vuelve a exponer el peso de los tributos locales en la actividad. Para los operadores, el problema no es solo comunicacional, sino estructural: los municipios encuentran en las estaciones una fuente de recaudación estable, mientras el sector denuncia una creciente falta de correspondencia entre lo que se paga y los servicios efectivamente recibidos.
El impacto es particularmente sensible en un contexto de costos crecientes, caída del consumo en algunas zonas y mayores exigencias operativas, como inversiones en seguridad, tecnología, medios de pago y cumplimiento normativo. Para muchas estaciones, especialmente las independientes o de menor escala, cada punto adicional de tasa puede marcar la diferencia entre sostener la actividad o entrar en números rojos.
Desde FECRA insisten en la necesidad de abrir un diálogo con los gobiernos locales para revisar criterios y buscar esquemas más equilibrados. “No se trata de desconocer la potestad tributaria de los municipios, sino de encontrar un punto razonable que no asfixie a un sector clave para la economía y la movilidad”, sostienen.
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