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Su impulsora, la diputada provincial del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti, afirmó a este medio que la medida “no busca perjudicar a las empresas, sino ordenar el mercado”.
El polémico proyecto impulsado por la legisladora del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti (ver al pie de la nota) y que generara amplio rechazo del sector, avanza con paso firme en la Legislatura bonaerense. La iniciativa, establece que tanto las petroleras como las Estaciones de Servicio deberán informar con tres días de anticipación cualquier incremento en las tarifas.
La propuesta fue aprobada por mayoría en la Comisión de Servicios Públicos y se prevé que sea tratada en el recinto esta semana, donde se anticipa un debate intenso debido a la resistencia de las cámaras empresarias del sector.

En declaraciones a Surtidores, la diputada cuestionó duramente las presiones de lo que definió como “el lobby petrolero y estacionero”, que —según denunció— intentó frenar el avance del proyecto. “No entiendo por qué les cuesta tanto informar los aumentos. La transparencia debería ser una regla básica en un mercado que maneja un bien esencial para los ciudadanos”, expresó.
La dirigente política subrayó que la iniciativa “no busca perjudicar a las empresas, sino ordenar un mercado donde hoy los aumentos se aplican sin previsión ni control”. A su vez, remarcó que “resulta preocupante que algunas compañías y cámaras se nieguen a brindar información básica, mostrando que su prioridad sigue siendo conservar privilegios antes que proteger a los consumidores”.
Desde su espacio recordaron que hasta hace pocos meses existía una norma nacional que obligaba a las petroleras a comunicar los incrementos de precios, pero fue derogada por el gobierno libertario. “Hoy los usuarios están indefensos ante decisiones unilaterales que afectan directamente su economía diaria”, advirtió la legisladora.

El texto aprobado prevé sanciones severas para quienes incumplan la obligación de informar los aumentos. En el caso de las petroleras, las multas irán desde el equivalente al valor de 5.000 hasta 150.000 litros de nafta súper, con la posibilidad de suspensión de la habilitación comercial ante reincidencias. Para las Estaciones de Servicio, las penalidades serán de entre 100 y 500 litros de combustible.
En sus fundamentos, el proyecto destaca que la Provincia de Buenos Aires “tiene plena competencia para dictar normas en defensa de los derechos de los consumidores y garantizar la transparencia en la comercialización de bienes estratégicos”.
La diputada cerró con un mensaje enfático: “la información no puede ser un privilegio de las empresas. Es un derecho del ciudadano. Queremos que los bonaerenses sepan con anticipación cuánto van a pagar y por qué. No pueden seguir siendo rehenes del secretismo del mercado”.
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