Impulsan una reforma laboral que podría modernizar la operatoria de las Estaciones de Servicio

Las Estaciones de Servicio en Argentina, tradicionalmente vistas como puntos de abastecimiento de combustibles, evolucionaron hacia centros multifuncionales que ofrecen una variedad de servicios. Sin embargo, los empresarios del rubro aseguran que enfrentan desafíos laborales que requieren atención, especialmente en el contexto de la reciente desregulación de la venta minorista de combustibles.

En ese marco de situación, se debatirá en la Cámara Baja una nueva propuesta de legislación que busca promover la formalización del empleo, flexibilizar la contratación y proteger los derechos sociales de los trabajadores.

Una de las principales innovaciones es la creación del Contrato Único de Trabajo (CUT), que reemplaza la indemnización por despido por un fondo individual de capitalización, administrado por una entidad pública o privada autorizada y disponible para el trabajador al finalizar la relación laboral.

¿Fondo de cese laboral en Estaciones de Servicio: sí o no?

La nueva reglamentación que ya está en vigencia permite reemplazar la indemnización tradicional por seguros colectivos. Recomiendan a los expendedores analizar su implementación buscando acuerdos claros y sostenibles con los trabajadores.

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En diálogo con surtidores.com.ar, diputado nacional y autor del proyecto, Gerardo Milman, destacó que “la ley busca adaptarse a las realidades del siglo XXI, ofreciendo soluciones modernas y eficientes tanto para empleadores como para trabajadores”. Además, enfatizó que “la formalización del empleo es clave para garantizar derechos y mejorar la competitividad del sector”.

El CUT podrá ser indefinido o por tiempo determinado, coexistiendo con los contratos actuales durante un período transitorio de cinco años, con incentivos fiscales y campañas de concientización. “La medida permitiría a las Estaciones de Servicio ajustar sus plantillas a la demanda, especialmente durante picos de consumo, fines de semana largos o temporadas turísticas”, dijo el legislador.

Además, informó que la reforma incorpora contratos por proyecto, de hasta 12 meses y renovables una sola vez, y contratos temporales de hasta seis meses, garantizando aportes previsionales y obra social, pero sin indemnización por finalización a término. Estas modalidades aportan flexibilidad y previsibilidad, claves para las Estaciones de Servicio que requieren personal adicional en períodos de alta actividad.

El SOESGyPE rechazó la eliminación de la indemnización laboral y exigió regulación estatal

El sindicato que representa a los trabajadores de Estaciones de Servicio cuestionó jurídicamente la intención del Gobierno Nacional de reemplazar las indemnizaciones por despido por un sistema de fondo de desempleo.

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Milman recalcó que en materia sindical, la ley establece libertad de afiliación y desafiliación, elimina la obligatoriedad de aportes sin consentimiento y habilita múltiples asociaciones representativas por sector o empresa. “Se elimina la personería gremial exclusiva, fomentando pluralidad y representatividad democrática. Además, se implementa un procedimiento de conciliación administrativa obligatorio, con resolución judicial máxima de 180 días hábiles”, detalló.

La reforma también introduce medidas de modernización tecnológica y capacitación. Todos los contratos, aportes y trámites laborales serán registrados en un sistema digital integral, accesible a trabajadores, empleadores y organismos de control, mientras que el Estado financiará programas de capacitación y reconversión laboral, orientados a mejorar la empleabilidad y la adaptación a nuevas tecnologías y servicios energéticos, incluyendo la carga de vehículos eléctricos.

El proyecto prevé además la simplificación y reducción progresiva de cargas no salariales, con desgravación del 50 por ciento durante los primeros dos años para nuevas contrataciones bajo el CUT, beneficiando especialmente a las PyMEs y Estaciones de Servicio independientes. Según Milman, estas medidas permitirán “incrementar la formalización del empleo, mejorar la competitividad del sector y reducir los conflictos judiciales”.

Los fundamentos del proyecto señalan que el régimen laboral vigente generó un mercado dual, donde una minoría de trabajadores goza de derechos rígidos y la mayoría queda excluida o en informalidad. “La OCDE ha indicado que la rigidez normativa, los altos costos de despido y la litigiosidad desincentivan la formalización. La reforma apunta a proteger al trabajador y no al puesto de trabajo, siguiendo experiencias exitosas en Chile, Dinamarca y Nueva Zelanda, donde la combinación de flexibilidad contractual y seguridad social permitió mayor movilidad laboral y menor litigiosidad”, sentenció Milman.