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Los trámites necesarios para operar bajo los requisitos y exigencias de la Secretaría de Energía están sufriendo demoras que, en algunos casos, superan los cuatro meses. De acuerdo con especialistas del sector, este “cuello de botella” administrativo afecta directamente cambios de razón social y la apertura de nuevas bocas de expendio.
La Resolución 1102/04, emitida por la Secretaría de Energía, instauró el Registro de Bocas de Expendio de Combustibles Líquidos y GNC. Esta normativa estableció como requisito esencial la inscripción previa para poder operar, convirtiendo a cualquier instalación no registrada en clandestina, con la consecuente imposición de sanciones, inhabilitación e incluso multas equivalentes al precio de miles de litros de combustible.
Además, la norma exige que los establecimientos cuenten con auditorías de seguridad vigentes, realizadas por empresas habilitadas, y mantenerse siempre publicados en el padrón oficial de operadores autorizados. La intención del Estado fue establecer un régimen transparente, seguro y fiscalmente controlado: monitorear el mercado, estimular la competencia leal, asegurar la calidad del combustible y respaldar el resguardo ambiental.

Pero la oleada desregulatoria del Poder Ejecutivo Nacional, parecería haber causado algunos inconvenientes que están perjudicando al sector estacionero. En declaraciones a surtidores.com.ar, auditores de Estaciones de Servicio advirtieron que las demoras en los trámites vinculados con la Resolución 1102/04 superan ampliamente los 120 días, en casos como cambio de razón social, reformas en estaciones o inscripción de nuevas bocas. Sostuvieron que en ese prolongado lapso los expedientes ni siquiera fueron revisados y que, mientras tanto, los privados siguen afrontando sueldos e imprevistos sin poder operar.
Los especialistas remarcaron que son varios los operadores que tienen todos los papeles en regla, incluida la auditoría requerida, pero que el despacho de expedientes se encuentra paralizado sin explicación alguna, especialmente en aspectos regulados como depósitos de combustibles y nuevos establecimientos. Consideraron que, pese a la retórica oficial que promueve la liberalización del sector y fomenta la actividad privada, el proceso de habilitación parece haberse convertido en una traba operativa.

En ese sentido, alegaron que la cartera energética, solamente tiene habilitado un correo electrónico y una línea telefónica para atender más de 5.000 casos en todo el país, por lo cual, la medida genera un efecto embudo: “sin atención presencial, todo se gestiona de manera digital y no está claro si el problema responde a la sobrecarga del sistema, al descontento del personal o a la falta de recursos humanos suficientes”, comentaron.
Finalmente, aconsejaron a los estacioneros estar atentos al estado de sus expedientes y llamó a las autoridades a demostrar con hechos la desregulación que pregonan. Advirtieron que si se promueve la inversión, resulta imprescindible que la base del mercado funcione sin trabas burocráticas.
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