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A partir de febrero de 2026 comenzará a regir un nuevo esquema para evaluar indemnizaciones por siniestros laborales. Especialistas analizan sobre su posible impacto en el
El Gobierno nacional dispuso modificaciones en el sistema de cálculo de las indemnizaciones por accidentes y enfermedades laborales a través del Decreto 549/2025, que introduce una tabla unificada de evaluación de incapacidades. Según lo expresado oficialmente, el objetivo es aplicar criterios científicos y técnicos más precisos, con el fin de otorgar mayor objetividad y previsibilidad al sistema.
El nuevo esquema comenzará a aplicarse en febrero de 2026 y regirá para todas las determinaciones de incapacidad que no estén resueltas a esa fecha. De acuerdo con el texto del decreto, la medida busca estandarizar la valoración del daño físico y psíquico de los trabajadores, reduciendo interpretaciones dispares entre peritos y organismos.

En el sector de las Estaciones de Servicio, donde las condiciones de seguridad son estrictas pero el personal está expuesto a riesgos propios de la actividad —como el manejo de combustibles y manipulación de equipos—, la noticia fue recibida con interés y cautela. Operadores, aseguradoras y representantes gremiales coinciden en que se trata de un cambio de alto impacto, pero divergen sobre sus posibles consecuencias económicas y laborales.
Consultado por surtidores.com.ar, el abogado Francisco Berdaguer, especialista en relaciones laborales del rubro, explicó que “este decreto aplica para todas las determinaciones de incapacidad que no están resueltas. Su objetivo es unificar criterios de evaluación del daño por incapacidades, que tengan base científica y técnica”.
El letrado agregó que en definitiva, “apunta a dar previsibilidad a las contingencias laborales, que no sea ‘un barril sin fondo’ que genere incertidumbres a las ART y a las compañías aseguradoras”.
Sin embargo, advirtió que el ámbito sindical ya expresó inquietudes. “Temen que estas tablas impliquen una reducción de los porcentajes de indemnización para las lesiones por accidentes”, señaló.
En la actualidad, las indemnizaciones dependen en gran medida de evaluaciones médicas que pueden variar según la jurisdicción y el criterio del perito interviniente. Con la nueva normativa, esas diferencias deberían reducirse. Pero para los trabajadores, el riesgo es que la estandarización pueda derivar en montos menores en casos concretos, sobre todo en incapacidades parciales donde el impacto de la lesión en la vida laboral es más difícil de medir.

En el plano empresarial, algunos operadores ven con buenos ojos la iniciativa, ya que podría acotar la litigiosidad y facilitar la previsión de costos para las ART y empleadores. Otros, en cambio, advierten que cualquier percepción de desprotección hacia el personal podría tensionar la relación con los gremios y generar reclamos adicionales por vía administrativa o judicial.
Por ahora, el escenario se mantiene abierto. Como sintetizó Berdaguer: “Habrá que esperar a febrero para ver qué resulta”. Mientras tanto, las Estaciones de Servicio seguirán observando de cerca la evolución de un cambio que promete modificar la forma de calcular y pagar las indemnizaciones por accidentes laborales en todo el país.
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