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La incorporación del autodespacho y la reciente eliminación de aportes convencionales obligatorios, abren un debate sobre cómo modernizar el sector sin desproteger a los trabajadores ni complicar a los empresarios.
En un contexto de reformas orientadas a la desregulación y la eficiencia operativa, el Gobierno nacional habilitó el autoservicio de combustibles y la instalación de estaciones móviles, pero también dispuso el cese de los aportes económicos obligatorios de las empresas a las cámaras empresariales.
Estas medidas plantean interrogantes de fondo sobre el futuro del empleo en las Estaciones de Servicio. En ese sentido, la abogada laboralista Sandra Laham advirtió en diálogo con surtidores.com.ar que este tipo de avances debe ir acompañado por una revisión integral del marco normativo que rige las relaciones laborales de la actividad. “No se trata de frenar el progreso, sino de adaptarnos de forma equilibrada”, sostuvo.

Según la especialista, uno de los grandes objetivos es la necesidad de actualizar los convenios colectivos para que contemplen la aparición de nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, protejan la continuidad laboral. “Los convenios actuales no pueden ignorar esta transformación. Hay que discutir nuevas tareas, procesos de reconversión y capacitación, sin resignar derechos ni fuentes de trabajo”, señaló.
Laham remarcó que las cámaras empresarias cumplen un rol clave en esta transición: “Lejos de ser un obstáculo, las entidades empresariales pueden convertirse en aliadas fundamentales para diseñar una transformación sustentable, si se sientan a la mesa con una mirada amplia y de largo plazo”.
Sin embargo, en esa línea, la abogada subrayó que el Estado debe ser un actor presente en este proceso, promoviendo programas de formación para trabajadores y acompañando el rediseño de los convenios. “La Secretaría de Trabajo debería convocar a una mesa sectorial que reúna a gremios, empresas y especialistas para construir consensos y evitar impactos negativos”, propuso.
Entre las medidas concretas recomendadas, planteó impulsar cláusulas específicas sobre tecnología en los convenios colectivos, promover la redistribución de tareas y funciones antes que la reducción de personal y generar instancias de reentrenamiento con financiamiento compartido entre Estado y sector privado.

Por otro lado, consultada sobre la reciente decisión del Gobierno de eliminar la obligatoriedad de los aportes convencionales, opinó que “debilita seriamente a las organizaciones que hacen posible la negociación colectiva y el equilibrio en la relación entre trabajadores y empleadores”. Al respecto aseveró que quitar esos aportes es dejar sin herramientas que permiten a los actores sociales adaptarse de forma organizada a los cambios.
La letrada hizo hincapié en que “la tecnología no tiene por qué ser enemiga del trabajo. Bien implementada, puede mejorar las condiciones laborales, reducir esfuerzos físicos y abrir nuevas oportunidades. Pero para eso se necesita planificación y consenso”.
La clave, insiste, estará en cómo se gestiona esta transición. “No es una puja entre progreso o estancamiento. Es un momento para dialogar, revisar los acuerdos vigentes y construir nuevas reglas que no dejen a nadie afuera del desarrollo”, concluyó Laham.
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