Comparativa regional: Uruguay encabeza el ranking de impuestos al combustible

Uruguay lidera el podio regional en precios de combustibles al consumidor, en buena medida debido a una elevada carga tributaria que representa cerca del 45 por ciento del valor final en surtidor. La gasolina Súper 95, el combustible más utilizado por automóviles particulares, se vende actualmente a $78,54 pesos uruguayos por litro, de los cuales $35,68 corresponden a impuestos, principalmente el IMESI y el impuesto al CO₂. A esto se le suman otros cargos, como el fideicomiso para el subsidio del boleto capitalino y el IVA.

En términos comparativos, Brasil y Argentina presentan precios sustancialmente más bajos, tanto en valores absolutos como en carga impositiva proporcional. En Brasil, el litro de gasolina ronda los $54 pesos uruguayos (unos 6,47 reales), con una carga impositiva de aproximadamente $22. Argentina, por su parte, presenta un precio de U$S 1,194 por litro para la Nafta Súper 95, lo que equivale a unos $52,71 pesos uruguayos al tipo de cambio actual.

Impulsan una reforma en el Impuesto a los Combustibles que podría impactar en los precios en el surtidor

Un proyecto de ley impulsado por el diputado Juan Fernando Brügge, propone reformular los porcentajes de distribución del ICL para aumentar los recursos que reciben las provincias y municipios.

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DIFERENCIAS EN PRECIOS DE IMPORTACIÓN

El costo de importación también influye en el precio al público, aunque en menor medida que la carga tributaria. Uruguay importa gasolina a un precio promedio de $29,41 por litro, según datos de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, pero el impacto fiscal eleva esa cifra en casi un 167 por ciento. En contraste, Brasil importa combustible a un precio promedio de $21,76 pesos uruguayos, lo que deja en evidencia una diferencia de $24,5 a favor del país norteño en el precio final al consumidor.

BIOCOMBUSTIBLES

Otro factor que incide en el costo de los combustibles es el porcentaje de mezcla de biocombustibles. Argentina establece una obligación del 12 por ciento de bioetanol en la nafta, derivado de fuentes como la caña de azúcar y el maíz. Brasil, más ambicioso, exige una mezcla del 27 por ciento de etanol anhidro, producto de una política histórica de incentivo a la industria del etanol como alternativa a los derivados del petróleo. Uruguay, en tanto, mantiene actualmente una mezcla del 10 por ciento de etanol, con planes de llevarla al 12 por ciento en el mediano plazo.

Estas políticas no solo tienen implicancias medioambientales, sino también económicas. Mayores porcentajes de mezcla pueden reducir la dependencia del petróleo importado, amortiguando el impacto del precio internacional del crudo. Sin embargo, el desarrollo de estas industrias requiere marcos normativos estables, incentivos a la producción local y tecnologías eficientes.

IMPUESTOS COMO INSTRUMENTO AMBIENTAL, PERO CON IMPACTO ECONÓMICO

La elevada carga fiscal aplicada a los combustibles en Uruguay responde a una lógica de desincentivo al consumo de combustibles fósiles. Desde el Gobierno, se argumenta que estos impuestos forman parte de una estrategia alineada con los compromisos internacionales en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el resultado inmediato de estas políticas es un precio en surtidor que afecta tanto a consumidores particulares como a sectores productivos que dependen del transporte.

El contraste con Brasil es particularmente llamativo. No solo tiene precios más bajos, sino que cuenta con una política sólida de promoción de biocombustibles que le permite mantener esa competitividad en el mercado interno sin resignar objetivos ambientales. En Argentina, aunque el esquema tributario es complejo, el precio final se mantiene por debajo del uruguayo, lo que en parte puede atribuirse a subsidios, regulación de precios y menor carga fiscal directa.

UNA ESTRUCTURA DE PRECIOS QUE CONDICIONA AL CONSUMIDOR Y AL MERCADO

La diferencia de más de $24 pesos por litro entre Uruguay y Brasil —en perjuicio del consumidor uruguayo— muestra con claridad cómo la política fiscal incide directamente en el bolsillo de la ciudadanía. Para un tanque promedio de 50 litros, el diferencial puede superar los $1.200 por carga completa, lo cual se vuelve aún más significativo para flotas comerciales, transporte profesional o sectores rurales.

Además, esta brecha limita la competitividad del país en términos logísticos y de costos de transporte, lo que se traduce en un impacto indirecto sobre el precio de otros bienes y servicios.