Expendedores en alerta por los nuevos costos de metrología del INTI

En medio de una andanada de altos costos fijos y escaso nivel de expendio, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dio a conocer los nuevos valores del control volumétrico de surtidores.

Esta decisión llevó a que la Federación de Entidades de Combustibles, a través de su presidente Juan Carlos Basílico, expresara su firme desacuerdo con los recientes aumentos en los gastos de esta operatoria obligatoria que realiza el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en las Estaciones de Servicio.

En diálogo con surtidores.com.ar, el titular de FEC afirmó que la entidad está evaluando, junto a sus asesores contables y legales, la posibilidad de acudir a la justicia civil para impugnar la disposición que actualiza las tarifas correspondientes a la inspección anual de control volumétrico de los surtidores.

Aumenta el costo del control volumétrico de surtidores

El INTI volvió a actualizar las tarifas correspondientes a la inspección anual de estos dispositivos. El último ajuste había sido hace 5 meses.

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El dirigente bonaerense, señaló que en múltiples oportunidades, los asociados de la federación, han reclamado contra este cobro. Según Basilico, no existe una normativa legal que permita al Instituto establecer el costo de la retribución del servicio, subrayando el “evidente perjuicio que la misma ocasiona a los expendedores minoristas de combustibles líquidos”.

“La cuestión tiene una base jurídica que nos avala”, enfatizó el referente empresario, explicando que, de acuerdo con la Ley 19.511, la autoridad de aplicación debe “proponer” tasas y aranceles en retribución de los servicios a su cargo.

“Dicha atribución no faculta al INTI a disponer la aplicación de tales gravámenes, pues los mismos, como tributo, solo pueden ser establecidos por normas emanadas del Congreso de la Nación“, añadió.

Alegó también que no le asiste al INTI, como tampoco al Poder Ejecutivo Nacional, la facultad de imponer gravámenes sin sustento legal expreso, en contra de los límites aplicados por las disposiciones constitucionales que amparan el derecho de propiedad y rigen las competencias normativas del Poder Público en materia tributaria.

Basílico consideró que la creación de la tasa de verificación constituye “un acto viciado de manifiesta ilegitimidad”, y menos aún puede válidamente justificar la imposición de un gravamen compensatorio de tal actividad.

La FEC argumentó que, al ser considerado como un impuesto, la entidad elevaría el pedido al juzgado correspondiente para que también se considere el cuestionamiento sobre el carácter de “doble imposición tributaria“. Esto, debido a la existencia de idénticas facultades de control y verificación de los surtidores de combustibles ejercidas dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que, de acuerdo con la normativa vigente, desde la última actualización, el costo se ha incrementado aproximadamente un 24 por ciento para todas sus modalidades: inspecciones programadas tanto por el organismo como por el usuario, y por la cantidad de mangueras disponibles.

El INTI, por su parte justificó la actualización de los aranceles argumentando que la Subgerencia Operativa de Inversiones y Costos, tras un trabajo conjunto con las áreas interesadas, propuso ajustar los valores en base a la metodología de cálculo de costos, vinculada a la actualización del valor horas-hombre para los servicios sistematizados y no sistematizados, así como otros factores de carácter indirecto.