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Actualmente, cerca del 43 por ciento del precio final en el surtidor se compone de diversos gravámenes, una situación que impacta directamente tanto en el bolsillo de los consumidores como en la rentabilidad de las Estaciones de Servicio.
Las reformas estructurales que el gobierno nacional pretende implementar en la economía, impactan de distintas formas en la cadena de producción y comercialización de naftas y gasoil y en ese contexto, un esquema fiscal distinto al que se viene ejecutando desde hace años, también puede sufrir modificaciones.
En diálogo con surtidores.com.ar, Tomás Alberto Balzano, abogado especialista en derecho tributario y experto en petróleo y energía, valoró positivamente las reformas legislativas que contemplan la temática de los combustibles. “Estas nuevas leyes abren una puerta para futuras mejoras en materia fiscal en el ámbito hidrocarburífero”, dijo, pero señaló que para ello deben darse muchas otras condiciones.

El referente destacó la necesidad de considerar el componente impositivo de todos los niveles de gobierno que influyen finalmente en el precio del litro de combustible, ya sea nacional, provincial o municipal.
“Lo que el gobierno anunció y los cambios propuestos en la Ley de Hidrocarburos, llevan a pensar que el Poder Ejecutivo quiere generar un libre mercado, ya que entre otras cuestiones se eliminó el control de precios y se liberó el comercio internacional, se estableció la posibilidad de que personas jurídicas extranjeras sean titulares de permisos y concesiones como también se permite establecer diferentes regalías según el proceso de adjudicación del que se trate, lo que permite establecer regalías según el tipo de proyecto”, explicó.
Además, subrayó la importancia de la inversión en infraestructura para la mejora del abastecimiento y de la oferta, como el desarrollo del gasoducto Néstor Kirchner y las plantas de GNL, las cuales además podrían generar un ingreso de divisas genuino al país. “Una vez que se aumente la producción local y se mejore la logística, el precio será diferente”, consideró.
Balzano resaltó la importancia de lograr un autoabastecimiento adecuado que permita en el futuro vender al exterior los excedentes. “A medida que haya más crudo disponible, que se abastezca el mercado interno y pueda exportarse lo que sobre, se deberían ajustar los precios, siempre y cuando, por ejemplo los yacimientos en Vaca Muerta comiencen a producir a buen ritmo”, agregó.
Según el especialista, la idea de aumentar la oferta y depender menos de las importaciones permitiría al Estado nacional dejar de gastar dinero en compras externas, lo que podría traducirse en una reducción de impuestos, ya que habría menos gastos y más dinero para repartir.
Sin embargo, Balzano planteó una pregunta crucial: “¿Existe en el país la suficiente racionalidad política para barajar y dar de nuevo en materia impositiva, para que se dé una discusión transversal?”

Finalmente, el abogado mencionó la resistencia que podría surgir de algunas provincias a discutir una nueva coparticipación federal o reducción de impuestos coparticipables ya que los porcentajes de reparto fueron establecidos bajo otras condiciones “Es un tema complejo que requiere un debate profundo y amplio, donde todos los sectores involucrados deben buscar un equilibrio entre la carga impositiva y la necesidad de un mercado más libre y competitivo“, concluyó.
Al respecto, observó que la Ley Bases no solo representa un paso importante hacia la modernización del sector de hidrocarburos, sino también una oportunidad para replantear la estructura impositiva que afecta a los combustibles en Argentina.
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