La actividad de las estaciones de servicio quedó bajo la tutela del Estado

A los fines de dar cumplimiento a los propósitos de la Ley Nº 26.741 que permitió la recuperación de YPF, la presidenta Cristina Fernández dio origen al Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Lo hizo a través del Decreto 1277/2012 (ver completo), el cual tiene como objetivo además de garantizar el autoabastecimiento y la sustentabilidad de los combustibles, la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio y su disponibilidad.

El Artículo 23 de la normativa obliga a quienes realicen tareas de comercialización y transporte de combustibles a suministrar la información técnica, cuantitativa y económica de la actividad que desarrollan. Lejos de discriminar a los actores de la cadena del petróleo, apunta a todos por igual -entre ellos a las estaciones de servicio– y las obliga entre otras exigencias, a presentar antes del 30 de septiembre de cada año un plan de inversiones que se auditará en forma trimestral.

Uno de los puntos medulares del Decreto es el que refiere a los precios. El Artículo 27 otorga a la Comisión fiscalizadora del plan la potestad de establecer criterios que regirán las operaciones en el mercado interno. Lo hará publicando valores de referencia de cada uno de los componentes de los costos y los respectivos precios de pizarra; encontrándose facultada para adoptar las medidas que estime necesarias para evitar o corregir conductas “distorsivas”.

En otras de las funciones que deberá garantizar el comité, que estará a cargo del viceministro de economía Axel Kicillof, un representante de la Secretaría de Energía y otro de Comercio Interior; se destacan la de asegurar y promover las inversiones necesarias para garantizar el autoabastecimiento; expandir la capacidad de refinación local, afianzar el suministro de combustibles a precios razonables; promover una leal competencia entre las empresas del rubro e impulsar el desarrollo sustentable del sector.