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Dirigentes de diferentes provincias coincidieron en apoyar la liberalización de los precios y fomentar la competencia, pero advierten sobre los riesgos del avance de las compañías petroleras en el sector minorista. Piden mayor porcentaje de comisión.
La entrada en vigor de la nueva normativa, que derogó el anterior Decreto 1060/2000, ha desencadenado una profunda inquietud entre los empresarios PyMES del sector. La derogación de pautas que limitaban el market share de cada compañía al 40 por ciento del total de estaciones abanderadas ha generado aprehensión entre quienes se consideran el “último eslabón de la cadena del mercado hidrocarburífero“.
El temor radica en que las desregulaciones propicien el avance de las grandes productoras en el segmento de despacho de combustibles al público, alterando el equilibrio en el mercado. Paralelamente, los estacioneros celebraron en términos generales el “sinceramiento” de los precios de la nafta y el gasoil, pero ante la previsible caída en las ventas, han llamado la atención sobre el escaso margen de comisionabilidad que las petroleras otorgan a sus operadores.

En este contexto, Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Expendedores del Nordeste Argentino, propone la implementación de una ley “antimonopolio” similar a las existentes en países del primer mundo. Recuerda que CECHA, junto al sindicato, estuvieron durante más de una década impulsando en el Congreso la conocida “Ley de Comercialización de Combustibles Líquidos“.
En diálogo con surtidores.com.ar, Jalaf contrasta los principios de la histórica iniciativa con la desregulación hidrocarburífera actual, impulsada tanto por el DNU 70 como por la Ley Ómnibus del gobierno de Javier Milei. “Las nuevas normas oficiales del sector son todo lo contrario a lo que planteamos desde la dirigencia estacionera, y sería saludable retomar el debate sobre lo que fue la esencia de nuestro reclamo de aquel entonces“, explica el titular de CESANE.
Cabe destacar que, en oposición a las normas vigentes desde el 30 de diciembre, la propuesta de los expendedores buscaba limitar al 15 por ciento del mercado el volumen que los proveedores de combustibles pueden vender a consumidores finales. El 85 por ciento restante quedaría en manos de las Estaciones de Servicio y distribuidores mayoristas.
Uno de los aspectos más cruciales de esta propuesta era permitir a las estaciones fijar el precio de venta en función de su competencia, mientras que las petroleras no podrían sugerir ni imponer un valor, quedando el margen de ganancia a discreción del expendedor.
En la misma línea, José Gianello, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de San Luis, se suma al llamado para que las compañías renegocien con sus puntos de venta mejores porcentajes, considerando la caída actual en el volumen de despacho. Destaca la necesidad de alcanzar un punto de equilibrio para los estacioneros afectados.

Finalmente, Ángel Bigatti, titular de la entidad que representa a los dueños de Estaciones de Servicio de Formosa, propone que el Estado proteja a los operadores PyME y, especialmente, a aquellos que mantienen establecimientos de bandera blanca. Plantea la moción de un reordenamiento de gastos a nivel provincial y municipal que genere un superávit en las cuentas locales, destinando esos recursos al fomento de este tipo de comercios.
En este llamado conjunto, los estacioneros buscan salvaguardar sus intereses y equilibrar las fuerzas en un mercado en constante evolución.
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