Paralelamente a las conversaciones de las compañías petroleras con el gobierno nacional, que buscan “flexibilizar” las condiciones de los trabajadores de su red de expendedoras, con el objeto de abaratar costos laborales, el gobierno de María Eugenia Vidal negoció un marco de protección para estacioneros independientes y sus empleados.

En ese contexto, el pasado lunes por la noche, los legisladores de la provincia de Buenos Aires le dieron media sanción al Proyecto de Ley elaborado por el Sindicato de Estaciones de Servicio que busca regular las actividades destinadas al suministro y comercialización de hidrocarburos líquidos y gaseosos en todo el ámbito del territorio provincial.

El texto aprobado casi por unanimidad, junto a los mismos diputados oficialistas, dentro de los consensos destinados a dar libre paso al Presupuesto para el año que entra, deja en claro que las empresas petroleras productoras de petróleo, las refinadoras, y las comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos y gaseosos en todas sus formas, no podrán explotar por sí o por interpósitas personas, o por sociedades por ellas controladas o en las que tuvieran una participación controlante, estaciones de servicio de combustibles al consumidor; bocas de expendio de combustibles de cualquier naturaleza, y/u otro tipo de distribución minorista que estén destinadas al público en general o a clientes individualmente considerados.

De la misma forma, queda restringida la denominada “venta directa”, a empresas de transporte de carga y de pasajeros así como establecimientos agropecuarios de todo tipo, y aclara que esto deberá realizarse a través de las Estaciones de Servicio.

APORTES MONETARIOS

Además de estas reglas, el proyecto que será tratado por los senadores de la provincia la próxima semana, toca un punto polémico que ya despierta la preocupación de las refinadoras y que pasa por la creación de un Fondo destinado a financiar programas de capacitación, tecnologías, seguridad, higiene y medioambiente.

Dicho dinero será provisto “mediante un aporte obligatorio del 1 por ciento sobre el total facturado por las empresas petroleras y distribuidoras mayoristas en concepto de venta de combustibles a los comercializadores minoristas, con destino a la reventa, como así también sobre lo facturado a consumidores directos. Igual porcentaje deberán depositar las empresas proveedoras de gas con destino al uso automotor; el mismo se depositara en un periodo no mayor a los 15 días de la fecha de factura”.

Los valores recaudados serán distribuidos en un 25 por ciento a la Federación de Entidades de Combustibles, un 25 a la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina y un 50 por ciento al Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de autos.

Al respecto, desde el sindicato que conduce Carlos Acuña, expresaron que “las pequeñas y medianas empresas de bandera carecen de una existencia independiente, sus  contratos con las empresas productoras de bandera son de adhesión y la propia actividad las convierten en empresas subordinadas”.

Agregó finalmente que “no participan en la fijación de los precios de los productos que venden y se les imponen cupos para la comercialización, como ya hemos demostrado y entonces, los pequeños y medianos empresarios de Estaciones de Servicio son auténticos  cautivos  de las empresas productoras”.