Especialistas en derecho energético cuestionan que el estacionero controle el destino de los combustibles

El reconocido especialista en derecho energético, Dr Miguel Ángel Bonillo afirmó para surtidores.com.ar que el malestar que causa en los propietarios de estaciones de servicio la polémica medida de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que implemento tiempo atrás y que impone pruebas químicas a las naftas para detectar potenciales casos de evasión impositiva en el negocio “es lógica”.

La resolución del ente fiscalizador obliga a las bocas de expendio a utilizar trazadores para determinar el destino de los combustibles que salen desde las destilerías o distribuidoras y llegan a las expendedoras. Según disposiciones nacionales, al sur del paralelo 40, los combustibles no tienen gravado el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) lo que determina que sean más bajos sus valores de comercialización que al norte del paralelo.

A través de esta disposición, el organismo recaudador quiere evitar que sean vendidos fuera de la región subsidiaria, situada al sur del Río Colorado y hasta Tierra del Fuego, los combustibles cuyos valores de comercialización son más bajos en virtud de encontrarse exentos del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles

“El expendedor no tiene que hacer de policía ni de organismo fiscalizador”, asegura el entendido en la materia. Al respecto, Bonillo cree que “no es razonable que obliguen al estacionero a exponerse a realizar estas tareas”, cuando en realidad debería hacerse cargo el Estado. “No tiene sentido desde ningún punto de vista”, expresó.

La protesta de los empresarios llegó en numerosas oportunidades a la Justicia quien desestimó el reclamo en cada uno de los casos recurridos. Recuerda que  los estacioneros pueden computar como pago a cuenta del impuesto al valor agregado el monto neto de impuestos correspondiente a las compras de los reactivos químicos necesarios. Describe que la compra del kit para realizar las pruebas, si bien implican un esfuerzo inicial, luego será compensada, “lo que equivale a poner en práctica la doctrina del esfuerzo compartido, que apunta a proteger el interés general de la comunidad”.