La Corte Suprema de Justicia falla a favor de la petrolera en un juicio por incumplimiento del contrato

La estación de servicio Sáenz Peña SRL mantenía un contrato comercial con la petrolera Esso desde la década del 40. Después de mucho tiempo, el titular del local inició una demanda judicial contra su proveedor de combustibles en respuesta a los supuestos incumplimientos contractuales que la compañía le imponía. Tras recibir un dictamen en su contra, el expendedor ejerció el derecho de apelación al Tribunal Superior de la Cámara Nacional en lo Comercial sala A quien, ratificó la condena y acrecentó los gastos judiciales hasta los $ 655.850,00.

Como último recurso, el estacionero elevó la apelación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que considere la arbitrariedad de los anteriores dictámenes de los magistrados. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó la queja mediante una sentencia que dio a conocer recientemente.

“Es un fallo totalmente injusto”, expresó Manuel García, titular del comercio y actual presidente de la Asociación de estaciones de servicio Independientes (AESI). Para el expendedor constituye una advertencia para el resto de los titulares de estaciones de servicio que se sientan perjudicados y pretenden reclamar los daños. “De esta manera callan a todas las Pymes del sector”, alertó el dirigente.

“Con este fallo voy directamente a la quiebra”, se desesperó García, quién además consideró absurda la resolución del máximo tribunal. “Se basaron en sólo un artículo del contrato comercial pero no escucharon los argumentos sólidos que presentamos”, criticó.

Según la documentación que pudo acceder surtidores.com.ar , la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina desestimó el recurso extraordinario presentado por la firma Sáenz Peña SRL basándose en el Articulo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Para García es “toda una contradicción condenar a un expendedor a correr la misma suerte que las 3500 estaciones de servicio cerradas y quebradas por causas análogas e incumplimientos de contratos por parte de los proveedores”. En este sentido, lamentó  que “ya quedaron en la calle 55.000 trabajadores pero el proceso continúa”.