El personal de las estaciones de servicio pone plazo a los empresarios antes de tomar medidas de fuerza

Bajo el lema “Estaciones de servicio encuentro nacional en defensa de la actividad”, el viernes pasado hubo una importante reunión entre expendedores de combustibles y el personal de las bocas de expendio para analizar en conjunto la situación del sector. Ante el miedo de perder nuevos puestos de trabajo, el gremio nacional convocó a las cámaras para acordar lineamientos que puedan revertir las imposiciones que las petroleras llevan adelante sobre sus clientes.

Desde la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio decidieron que el próximo 7 de noviembre exigirán a la Cámara de Diputados de la Nación la sanción de una Ley de Comercialización de Combustibles con el objetivo de poner coto a la concentración económica del mercado minorista. En caso de fracasar las negociaciones, dos días después se movilizarían al Congreso Nacional y analizaría decretar un paro de actividades en protesta a la falta de respuestas del poder político.

El titular de FOESGRA, Carlos Acuña,  exigió que haya avances en el proyecto presentado para evitar el cierre de más establecimientos. “Se necesitan inversiones para explorar nuevas zonas de producción de crudo porque la energía es un recurso no renovable y lo que hacen las petroleras es llevarse el dinero de las ganancias fuera del país. Si no hay respuestas habrá medidas de fuerza”, advirtió. A su turno, el secretario gremial de la agrupación, Andrés Doña, se focalizó en el hombre -“en la persona que sufre porque ve como tambalea su puesto laboral”- y pidió unidad para conseguir una ley que ampare a la actividad.

Al respecto, el presidente de la Confederación del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA), Oscar Díaz entendió el reclamo del sindicato y anticipó a este medio que la entidad pedirá a las petroleras discutir algunos puntos que afectan la rentabilidad de las empresas Pymes. “Esperamos poder llegar a un acuerdo con nuestros proveedores”, se esperanzó.

“Los márgenes de comercialización, los niveles de venta y en general toda las variables del negocio son manejadas en forma discrecional por las empresas petroleras de acuerdo a su conveniencia, lo cual limita en gran medida la posibilidad de absorber el incremento de los costos operativos por parte del expendedor”, explicó el titular de CECHA.

.

Díaz señaló que en el afán de optimizar su rentabilidad algunas compañías están tomando decisiones gravosas para sus operadores. “En algunos casos incluso suponen un incumplimiento contractual, tales como el pago anticipado del combustible, el reintegro anticipado del capital de trabajo como condición para renovar el contrato, la reducción de los stocks y la no devolución de gastos como el impuesto al cheque en el caso del combustible consignado”.

“Sumado a esto, la no renovación de contratos que se vencen y el incumplimiento en materia de abastecimiento, que está afectando a toda la sociedad y en particular al interior del país” apuntó. “Por ello estimamos necesario en esta instancia formular un reclamo a las empresas petroleras para que reviertan tales medidas. Debemos avanzar en la adecuación de las condiciones comerciales que hagan sustentable a la actividad, contemplando los intereses de todos y no solo la conveniencia de una de ellas”, puntualizó el directivo.

A juicio de Manuel García, el presidente de la Asociación de estaciones de servicios Independientes, no hay más tiempo para dialogar con el gobierno nacional. “Es tiempo de acción y hay que tomar medidas porque la actividad está en extinción”, disparó el empresario.

La dirigente de FECRA, Rosario Sica, subrayó que “el sindicato tiene una preocupación legitima porque si desaparecen las estaciones de servicio desaparecen las fuentes laborales”. Expresó que por ese motivo “estamos todos juntos para seguir adelante” y agregó que “desde FECRA intentamos conciliar con todo el mundo pero hay que atacar las causas que es la falta de inversión y el principal culpable es el gobierno. Pedimos audiencia a la presidenta y nunca nos atendió; De Vido nos escuchó en el 2009, nos hizo trabajar en un proyecto de solución y finalmente lo cajoneó”.